Por Redacción
El gobierno israelí implementó este jueves la legislación que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) operar en Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. La medida supone un golpe directo a la asistencia humanitaria en los territorios ocupados y afecta a cerca de seis millones de refugiados palestinos.
El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, advirtió que esta decisión cambia el papel de Israel como potencia ocupante y pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales. “Las repercusiones prácticas y la incertidumbre significan que nuestras operaciones podrían verse sustancialmente afectadas”, explicó.
Asimismo, el funcionario denunció que el personal internacional fue obligado a evacuar la sede de Jerusalén Oriental y trasladarse a Ammán, Jordania, luego de que Israel cancelara los visados: “Es una medida equivalente al desalojo o la declaración de persona non grata”.
A pesar de las restricciones, la UNRWA ratificó su compromiso con la población palestina. “No nos detendremos. No nos rendiremos ante esto”, aseguró Fowler. Sin embargo, la situación en el terreno es crítica. Durante el asedio en Gaza, el complejo de la agencia sufrió ataques incendiarios y protestas violentas, mientras que los trabajadores locales que permanecen en Jerusalén enfrentan el riesgo de nuevas agresiones.
La legislación también implica que Israel deberá asumir el costo de los servicios que brindaba la UNRWA, cuyo presupuesto anual asciende a unos 1.000 millones de dólares. Ante este panorama, los palestinos en Gaza temen quedarse sin asistencia. “No tendremos nada para comer ni beber, y esto nos afectará mucho”, expresó Iman Hillis, refugiada en una escuela de la UNRWA.
Desde 1949, la agencia ha sido un pilar de la ayuda humanitaria para los palestinos desplazados. Ahora, la nueva legislación amenaza con desmantelar su trabajo en la región y agravar la crisis humanitaria.
30/1/2025
