Por Redacción
Tras la decisión del gobierno libertario de cesantear a 1400 trabajadores del sector salud, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior”. La medida oficial pone en riesgo el funcionamiento de distintos hospitales y la continuidad de programas esenciales en atención, prevención e investigación.
En este marco, el dirigente sindical explicó que “el Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”.
Uno de los casos más emblemáticos de estos despidos es el del Hospital Bonaparte, donde 190 trabajadores fueron cesanteados, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Este recorte, además de generar un impacto directo sobre los empleados, pone en peligro el funcionamiento de varios sectores esenciales que hacen a la atención de casos críticos.
La medida implicó el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día y dejó inoperativo el servicio de odontología pediátrica. De este modo, se ve comprometido el derecho a la salud, tal como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, además de los derechos de los pacientes que ampara la Ley N° 26.529. Las consecuencias de estas decisiones afectan directamente a los más vulnerables, quienes dependen de estos servicios para su bienestar y supervivencia.
Aguiar advirtió sobre la gravedad de la situación: “El Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos”. La denuncia no se limitó solo al recorte de personal, sino también a la eliminación de programas esenciales para la protección de la vida y la salud pública, en particular aquellos dirigidos a grupos en situación de riesgo.
“Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria”, señaló Aguiar.
Frente a esta situación, el dirigente sindical adelantó las acciones a seguir: “Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales”. Los sindicatos del sector salud, encabezados por ATE, ya han comenzado a planificar un calendario de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y la integridad del sistema de salud pública, ante lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales y ciudadanos.
El ajuste también implicó el desmantelamiento de políticas sanitarias clave, como la eliminación de programas de prevención y control de enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la diabetes. Estos recortes afectan la provisión de medicación esencial para los pacientes, poniendo en peligro su calidad de vida. Además, se cerró la Dirección de Vectores, encargada de realizar el estudio epidemiológico del dengue, una acción vital para evitar nuevos brotes.
El Ministerio de Salud también decidió el cierre de la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del Sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas. Estas políticas reflejan una tendencia preocupante hacia el desmantelamiento de estructuras fundamentales para el cuidado de la salud pública y la prevención de enfermedades, lo que pone en peligro la salud de la población en su conjunto.
El impacto de estas decisiones amenaza no solo a los trabajadores de la salud, sino también a millones de personas que dependen de un sistema sanitario público debilitado por estas medidas. Ante un panorama de creciente desprotección, los sindicatos del sector salud dejaron en claro que no cesarán en su lucha por revertir estos recortes y garantizar la continuidad de un sistema de salud pública, accesible y de calidad para todos.
17/1/2025
