Por Redacción
El sector ferroportuario de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) ratificó su postura en contra de la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y manifestó su rechazo a la fusión de la entidad con otro organismo. A través de un comunicado exigió que “se revean todos y cada uno de los ilegales despidos del personal de planta permanente”.
En el escrito, la representación ferroportuaria de la organización sindical denunció que, tras el decreto que dispuso la disolución de la AGP a principios de 2024 y su transformación en la Administración Nacional de Puertos y Yacimientos (ANPYN), las puertas de la entidad continuaron cerradas para una parte significativa de su personal. “Este contexto produce que estos últimos se encuentren en un marco de profunda incertidumbre, desconociendo el futuro de sus fuentes de trabajo”, explicó la dirigencia sindical .
La organización sindical acusó a los responsables de la conducción de la AGP, mencionando a los hermanos Diego y Leonardo Salom, José Beni, Carlos Ferrari, Fabián Lovecky y Verónica Piñero, quienes, según lo expresado en el comunicado, desde finales del año 2019 se habrían “apropiado”del la organismo, con un plantel gerencial alineado a sus intereses. Además, señalaron que estos responsables “aislaron y persiguieron a todos aquellos empleados que se opusieron a sus intereses individuales”.
El comunicado destacó que los integrantes de la APDFA fueron víctimas de estas prácticas y que los responsables de la gestión incorporaron a personal con “funciones no específicas” para asegurar votos en las elecciones internas del gremio, que se realizaron en 2022. A raíz de los conflictos, los denunciantes aseguraron que se dispuso una “campaña electoral” con aportes millonarios que nunca fueron investigadas.
Fuentes sindicales precisaron que “en el ínterin de estas persecuciones al personal, la comunidad portuaria asistía a notorias desprolijidades administrativas, como por ejemplo la “gratuita” baja a Buque Bus en el canon anual de U$S 1.800.000 (U$S 72.000.000,00 en el período total de la concesión), la “acelerada” renovación de la concesión de las terminales (otorgándose prórrogas con “bonificaciones” del 50% por U$S 6.000.000), las desprolijidades en el manejo y futura concesión de la Hidrovía y bajas sin fundamento en el monto asegurado de tasas a las cargas a las terminales, el alquiler en miles de dólares de un edificio para oficinas administrativas, la creación de un museo con millones de pesos que nunca se realizó, entre otros hechos, que hasta el momento no tenemos conocimiento que fiscal alguno haya investigado”.
APDFA denunció que “designado en enero del 2024 el Dr. Gastón Alejo Benvenuto como nuevo interventor de la AGP, en vez de ordenar la misma, confirmó y hasta ascendió en cambio en sus cargos a los responsables de todos estos infundados actos, con el agravante de designar como “jefe de asesores” al ex interventor José BENI y, lo que aparece como un acto surrealista, disponiendo en violación a la ley el despido de 160 trabajadores de planta permanente con un promedio de 20 años de antigüedad, en base a una LISTA NEGRA armada por Diego Salom”.
Asimismo, la conducción ferroporturia de la organización sindical remarcó que “el “show de desprolijidades” continuó desmesuradamente hasta finales del 2024, incluyendo desde contrataciones directas millonarias de corte de pasto del predio de la ex BACTSSA, shows de procesos “públicos” para la concesión de la Hidrovía con “participación ciudadana” (para demostrar una transparencia inexistente), la contratación de un catering por más de $32 millones, hasta un alquiler de un piso de lujo en Puerto Madero por U$S 90.000,00 mensuales. Desprolijidades todas estas que se desarrollaron impunemente, sin que hasta la fecha tampoco haya actuado fiscal alguno”.
En este marco, el sector ferroportuario de APDFA exigió que se reviertan los despidos y que se levanten las restricciones de acceso a los lugares de trabajo de los empleados: “Le pedimos al gobierno Nacional, que deje de hacerse el distraído y se presente en los juzgados correspondientes para reclamar una investigación profunda sobre lo sucedido en los últimos 5 años y, de encontrarse hechos de corrupción, denuncie y juzgue a los responsables”.
14/1/2025
