Por Redacción
El Poder Ejecutivo autorizó, mediante el decreto 1107/2024, que las Fuerzas Armadas puedan actuar en situaciones internas a solicitud de las fuerzas policiales o provinciales. Esta decisión fue justificada bajo el argumento de combatir el “terrorismo internacional” y proteger objetivos estratégicos, aunque expertos advierten que vulnera la Ley de Seguridad Interior.
Con la firma de Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri, el gobierno nacional oficializó la medida que permite el despliegue de fuerzas militares en escenarios internos, supuestamente para proteger lo que el decreto denomina “objetivos de valor estratégico”. El texto, publicado en el Boletín Oficial, amplía el margen de acción del Ejecutivo y otorga potestad discrecional para definir cuáles son esos objetivos.
El decreto establece que las fuerzas policiales o provinciales podrán solicitar apoyo militar cuando consideren que esos bienes o instalaciones estén en riesgo. Según la normativa, los “objetivos de valor estratégico” incluyen cualquier instalación cuya afectación pudiera causar “graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la Seguridad de la Nación”.
La definición de “objetivo de valor estratégico” proviene de la Ley de Defensa Nacional (23.554), pero carece de precisión. El decreto firmado por el Poder Ejecutivo deja en manos de los funcionarios del gobierno la potestad de calificar qué bienes o instalaciones pueden considerarse estratégicos. Un ejemplo citado en el decreto menciona que el Ejecutivo podría movilizar tropas si se registraran protestas en una central eléctrica considerada estratégica. En este marco, el texto también habilita la actuación militar frente a “amenazas terroristas” o “agresiones de origen transfronterizo o nacional”, lo que amplía aún más el ámbito de aplicación.
Los impulsores de la medida, Patricia Bullrich y Luis Petri, defendieron la iniciativa como una respuesta a las “amenazas del siglo XXI”, mencionaron específicamente al terrorismo internacional. “No puede soslayarse que una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado”, argumenta el decreto.
Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos cuestinaron la legalidad y el alcance del decreto, señalaron que contradice los límites impuestos por la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas salvo en casos excepcionales previstos por la Constitución.
20/12/2024
