Por Redacción
Miembros de la conducción de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, encabezados por Juan Carlos Schmid, mantuvieron el último jueves un encuentro con la la Directora en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gabriela Luna Camacho, durante el cual expusieron las problemáticas que atañen al sector en este contexto político. La reunión se llevó adelante en las oficinas porteñas de la OIT.
La delegación sindical estuvo representa, además de Schmid, por Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes; Pabló Biró, Secretario General de APLA; Omar Pérez y Hugo Moyano hijo, referentes del Sindicato de Camioneros. En ese marco, señalaron que se torna intolerable que el gobierno nacional estigmatice y persiga al sindicalismo por defender los derechos de la clase trabajadora.
Los miembros de la CATT coincidieron remarcar que “desde el inicio mismo del Gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2023, se vienen implementando normativas que cercenan y limitan los derechos, de reunión, de protesta, de huelga y la libertad sindical”.
Al mismo tiempo, añadieron: “La estigmatización de dirigentes y la persecución económica y penal al ejercicio de los derechos esenciales ha tenido episodios permanentes, conjuntamente con el despliegue de una política que reprime cualquier expresión de la protesta social”.
Para la conducción de la CATT “prueba de ello es la presencia de personal militar en los aeropuertos y el DNU 70/23, que ha pretendido regular la Huelga de manera restrictiva violentando los principios generales, receptados en nuestra Constitución e incorporados al Derecho Internacional que sostiene la OIT”.
Asimismo, aseguraron que “el dictado de la resolución del Ministerio de Seguridad 943/23 denominado Protocolo antipiquetes, criminaliza la acción sindical y social, vulnerando el derecho a la protesta haciéndola de imposible cumplimiento”.
Los miembros del Consejo Directivo de la CATT enfatizaron que “del mismo modo con motivo de las movilizaciones contra el DNU y la instrumentación de Recursos Judiciales por parte de la CGT se procedió a intimar por multa millonarias, por supuestos incumplimientos al protocolo, a numerosas organizaciones sindicales, algunas integrantes de la CATT, cargando a las mismas con los supuestos costos de seguridad de los irracionales operativos montados”.
Los dirigentes sindicales advirtieron que “las Resoluciones del Ministerio de Seguridad 901/24, 499/24 y 893/24 instrumentan un esquema persecutorio, a través de la incorporación del concepto de Seguridad Productiva, que otorga a las Fuerzas Federales facultades extraordinarias para levantar manifestaciones, cuidar y garantizar el transporte de mercaderías armando un verdadero grupo de tareas antisindicales, que lleva el pomposo nombre de Comando Unificado de Seguridad Productiva”.
“Con estas señales, la denominada Ley Bases, 27742, y la represión de las manifestaciones en plaza de Congreso el 12 de junio de 2024 se ejerce una política general de criminalización del conflicto laboral, con permanentes denuncias antes los fueros federales, la estigmatización y persecución de los dirigentes, que encabezaban los conflictos, como en el caso Aerolíneas Argentinas”, denunciaron los principales referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
Por último, luego de la reunión con Camacho, puntualizaron que “la instrumentación del disciplinamiento que representa la modificación, el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de despido, deja la puerta abierta para despedir por huelga o protesta, y son cuestiones, que han colocado a Argentina, por fuera de los consensos básicos en materia de Derecho Humanos y Sociales”.
29/11/2024