Por Redacción
La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025. De esta manera, la institución educativa puso de relieve que es uno de los lugares más controlados del Estado Nacional, como ocurrió en los años 2021, 2022 y 2023, a contramano de la campaña de desprestigio impulsada por el gobierno de Milei.
La decisión de la UBA remarcó en su compromiso por mantener la transparencia, y en ese sentido, también convocó a profesionales nacionales e internacionales para llevar a cabo a cabo una auditoría especial sobre su sistema de control interno. El objetivo es continuar proporcionando información indudable a la ciudadanía.
“Esta solicitud se realiza independientemente del cumplimiento con el cien por ciento de las rendiciones de cuentas que nos exige la ley”, indicaron las autoridades universitarias. Asimismo, explicaron que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales, dado que sus auditorías no son públicas y su titular es designado por el Poder Ejecutivo, lo cual, según la UBA, resta transparencia.
En esa línea, desde la casa de altos estudios, precisaron que los organismos que llevan adelante el control en las universidades son la Administración General de la Nación, “órgano de control externo, dependiente del Congreso de la Nación y compuesto por 7 auditores de distintos partidos políticos”. El Poder Legislativo es el otro encargado de llevar adelante los controles en las universidades por medio de la rendición de cuentas del presupuesto anual.
El Poder Ejecutivo Nacional impulsa revisiones con informes mensuales elaborados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Capital Humano, con balances trimestrales a la Contaduría General de la Nación, a cargo de la cartera de Economía. La Auditoría General Universitaria es otro de los organismos que lleva adelante la tarea de auditar periódicamente a las universidades: “Su titular es designado por el Consejo Superior, órgano donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos”.
La UBA explicó que la SIGEN, que depende directamente del Presidente de la Nación, tiene funciones limitadas por la ley: “El artículo 98 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependen del mismo”.
Las autoridades de la UBA remarcaron que las universidades son autónomas y no están bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que la SIGEN no puede controlarlas.
Desde la universidad, aclararon que esta postura no es solo una opinión, sino que se basa en lo estipulado por la ley y la Constitución. “La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todos los argentinos; y resguarda a las universidades de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”. Advirtieron que la autonomía no implica la ausencia de control en los gastos, “es una potestad y un derecho de la sociedad. Pero tengámoslo bien en claro: sin autonomía no hay educación libre”.
7/11/2024
