*Por César Trejo
Con su acostumbrado desparpajo, el Gobierno de Javier Milei anunció el relanzamiento de “una renovada etapa de la relación bilateral” con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, “caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza”, luego de una reunión entre la Canciller Diana Mondino y el Secretario del Foreign Office, David Lammy.
El comunicado oficial emitido por nuestra diplomacia comienza con el anuncio de “…retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan”.
Seguidamente, “estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.
Nadie puede alegar sorpresa ante estos anuncios, por parte de un Gobierno encabezado por un confeso admirador de Margaret Thatcher, que solicitó formalmente el ingreso como socio global a la OTAN (la misma alianza que sostiene a Gran Bretaña en su ocupación militar ilegal de nuestros territorios suratlánticos) y se apresta a privatizar Fabricaciones Militares para producir municiones a pedido de EE.UU. para el bando ucraniano.
Gobierno que, asimismo, se involucró peligrosamente en el conflicto en Palestina a favor del genocida “Bibi” Netanyahu, votando en contra de la mayoría de los países del mundo en la reciente Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que conminó al Estado de Israel a “poner fin inmediatamente a su presencia ilícita en el territorio palestino…” a pesar de que ese mismo Gobierno nunca apoyó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y demás territorios usurpados, y cuya empresa estatal Navitas Petroleum se apresta a saquear nuestras reservas en la Cuenca Malvinas Norte (que los británicos llaman Sea Lion).
La tesis sobre la que se sustenta este nuevo acuerdo de sumisión a la política británica no es nueva. Vale la pena repasar su origen y evolución histórica, para que ningún incauto caiga en las trampas de la propaganda británica, ni los pícaros que vociferan supuestas condenas se hagan los distraídos respecto de sus propias responsabilidades.
El Memorándum de Entendimiento de 1968: nace la “teoría de la seducción de los kelpers”
El argumento que sustenta esta tesis recurrente es la recomendación británica de “seducción de los kelpers”, elaborada a partir de las negociaciones bilaterales argentino-británicas plasmadas en el Memorándum de Entendimiento de 1968, donde se acordó que:
“El objetivo común es solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa sobre la soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población de las Islas… promover la libertad de movimiento entre el territorio continental y las Islas, en ambas direcciones, el desarrollo de vínculos culturales, económicos y otros. El gobierno del Reino Unido reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las Islas a partir de una fecha a ser convenida tan pronto como sea posible… cuando el gobierno del Reino Unido considere que los intereses de los isleños estén asegurados por el gobierno argentino”.
En su habitual duplicidad, la diplomacia británica indujo al gobierno argentino (por esa época, encabezado por el dictador Onganía) a ganarse la buena voluntad de los isleños, mientras encomendaba a la Universidad de Birmingham el relevamiento geofísico de la Cuenca de Malvinas en busca de recursos petroleros. Cuatro expediciones concretaron los británicos entre los años 1970 y 1973 en el Atlántico Sur, bajo la conducción de los geólogos Donald H. Griffiths y P. F. Parker. “El Informe Griffiths” dio cuenta de un enorme potencial hidrocarburífero en la zona, poniendo en severas dudas la decisión de traspasar el ejercicio de la soberanía a favor de nuestro país.
La Declaración Conjunta de 1971 y la intensa cooperación argentina con los isleños
No obstante, los británicos obtuvieron del nuevo gobierno dictatorial argentino, esta vez del Gral. Lanusse, la firma de una Declaración Conjunta, suscripta el 1º de julio de 1971, donde nuestro país se comprometió a brindar numerosos servicios para el mejoramiento de las comunicaciones entre las Islas.
Bajo la promesa británica, nuestro país invirtió ingentes recursos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las Islas. Instaló representaciones de YPF y de Gas del Estado para facilitar el abastecimiento de combustibles, prestó ayuda en materia agrícola y técnica, como el mejoramiento de la genética del ganado ovino y bovino (realizado por el ciudadano argentino-británico Ronald Keneth Crosby), envió maestras argentinas para atender la enseñanza del español en las escuelas isleñas (entre ellas, las hermanas Cañás, una de las cuales, María Fernanda, abrazará luego la carrera diplomática) y otorgó becas de estudio para colegios bilingües en el continente.
También otorgó documentos a los residentes de las Islas, en los que no figuraba ninguna referencia de nacionalidad para facilitar su ingreso al continente. La Argentina contribuyó a mejorar la atención de la salud en las Islas, instalando un departamento médico administrado por el gobierno argentino, que funcionó en el hospital general de Puerto Argentino y, en 1973, Líneas Aéreas del Estado (LADE) inauguró un puente aéreo regular entre Comodoro Rivadavia y la capital isleña.
Para eso, el 2 de mayo de 1972, la Argentina debió terminar la instalación de una pista de aterrizaje, ya que las Islas no contaban con un aeropuerto que permitiera un tráfico aéreo regular. Estos acuerdos de cooperación entraron en crisis cuando la Argentina, luego de más de dos años de contribuciones, insistió en que la siguiente ronda de conversaciones incluyera el tema de la soberanía.
El Reino Unido evitó referirse al tema hasta junio de 1974, cuando hizo circular una propuesta que consideraba la posibilidad de abrir una negociación en torno al establecimiento de un “condominio” para la administración conjunta de las Islas. La Argentina se manifestó interesada en discutir la propuesta. El tercer gobierno del Gral. Juan D. Perón dio instrucciones a su Cancillería para avanzar en ese acuerdo. La muerte del Presidente argentino y la decisión británica de suspender las negociaciones dieron por tierra esa posibilidad.
La Misión Shackleton: cancelación de la voluntad británica de devolver a las Islas
El envío unilateral de la misión británica Shackleton a Malvinas a fines de 1975 -destinada a explorar las posibilidades de explotación petrolera en la zona de litigio- volvió a tensar la relación y a impedir el diálogo.
El “Informe Shackleton” ratificó el enorme potencial económico de las Islas y recomendó en sus reflexiones finales la necesidad de encontrar alguna solución con la República Argentina acerca de la cuestión de la soberanía, ya que las inversiones de largo plazo que suponen la explotación hidrocarburífera demandarían estabilidad política y jurídica.
Como lo demuestran los hechos posteriores, la dirigencia británica sacó conclusiones muy diferentes a las recomendadas por el expedicionario, y lejos de encaminarse a una solución negociada con la Argentina, abandonó toda negociación y preparó el escenario para una confrontación bélica en donde nuestro país quedara como agresor, y su resultado le garantizase al Reino Unido el cierre de toda negociación enmarcada en el Derecho Internacional.
Se llegó así a 1976, sin que la Declaración Conjunta de 1971 produjera ningún resultado positivo para la Argentina y con la relación bilateral en uno de sus peores momentos.
Martínez de Hoz: hidrocarburos y continuidad de la “seducción de los kelpers”
El golpe cívico-militar que en 1976 se presentó al país con el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional” (tan admirado y reivindicado por los actuales gobernantes) produjo una violenta reorganización de la vida política, económica y social en la Argentina.
En términos económicos, el proyecto que condujo el ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, desde la cartera de Economía fue una réplica de planes elaborados en el exterior. Extranjerizó y desmanteló la industria, las instituciones que protegían los derechos del trabajador, las formas de control y de intervención del Estado en la sociedad e inició un formidable proceso de endeudamiento con los centros financieros internacionales. (Cualquier parecido con el presente no es pura coincidencia).
A pesar del evidente fracaso del compromiso argentino para ganarse el favor de los isleños, Martínez de Hoz insistió con la política de “seducción de los kelpers”, para lo que contó con la colaboración de dos protegidos suyos en Londres: el “radical” Rodolfo Terragno (quien se desempeñaría luego como Ministro de Obras Públicas de Alfonsín) y el “peronista” Guido Di Tella (Canciller de Menem y ejecutor a ultranza de la referida estrategia británica).
El “orejudo” ministro viajó en cinco oportunidades a Londres para reunirse con el Canciller y empresarios petroleros ingleses, acompañado del interventor de YPF y funcionarios de la cartera de Energía. Se suscribieron acuerdos entre YPF y la filial de la SHELL para la explotación de los territorios adyacentes a los ocupados ilegalmente por Gran Bretaña.
Alfonsín, Menem y la rendición incondicional de la Argentina
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno encabezó los esfuerzos por privatizar las empresas públicas a favor del capital anglosajón, pero no contó con el respaldo político suficiente. Era necesaria la traición del peronismo, lo que se produjo durante el gobierno posterior.
Carlos Menem suscribió un verdadero Tratado de Rendición a pocos meses de asumir la Presidencia. En efecto, lo que se conoce como Acuerdos de Madrid I y II no fue otra cosa que la imposición a nuestro país del plan de sometimiento colonial al capital financiero anglosajón.
El ideólogo de la época fue Carlos Escudé, quien elaboró su “Teoría del Realismo Periférico”, y sus ejecutores, Domingo Felipe Cavallo y Guido Di Tella, practicaron las “relaciones carnales” e insistieron, por tercera vez, en la “seducción de los kelpers” como estrategia principal para la cuestión Malvinas.
El proceso de privatización de las empresas públicas y las concesiones de explotación económica favorecieron prioritariamente a compañías ligadas a países que integran la Comunidad Británica de Naciones. Los casos paradigmáticos fueron la enajenación de YPF, a manos de la British Petroleum bajo la máscara de la empresa española “Repsol”, operación que fue posible con el acuerdo Cavallo-Kirchner, que habilitó el apoyo de las Provincias petroleras para la privatización de la principal empresa argentina, previa recepción del adelanto de regalías petroleras.
Néstor Kirchner facilitó el voto favorable en el Foro de las Provincias Petroleras que presidía, su esposa CFK habilitó la aprobación en la Legislatura de Santa Cruz, mientras que “el boludo” Oscar Parrilli fue el miembro informante de la privatización en el Congreso de la Nación.
La reforma del Código Minero durante el período menemista y las concesiones de casi todos los yacimientos minerales a favor de empresas canadienses, australianas, sudafricanas o inglesas a lo largo de toda la cordillera constituyeron el mecanismo para el comienzo de uno de los saqueos principales de la riqueza argentina —de la que ningún sector político, aún la extrema izquierda, habla— y que se consumó durante la llamada “década ganada”. Ante esto, la explotación española de las minas del Potosí deja a los ibéricos como cándidos samaritanos.
Del efímero gobierno de la Alianza hay poco para decir, salvo la vocación continuista de las relaciones carnales, a través de designar como Canciller a Adalberto Rodríguez Giavarini, un conspicuo miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), entidad creada en espejo y servil al Council on Foreign Relations (CFR), uno de los think tanks principales de la oligarquía anglo-norteamericana.
Los “pingüinos desmalvinizadores” y la continuidad colonial
A pesar de una retórica pseudo-nacional y antiimperialista, el kirchnerismo, en sus tres gobiernos directos (2003-2015), no hizo nada por denunciar los acuerdos de sometimiento con los británicos, salvo en 2007 la denuncia del acuerdo sobre actividades “costa afuera”, que no tuvo grandes efectos. Por el contrario, fue el principal ejecutor de las concesiones mineras, mantuvo la política de destrucción de las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de la defensa de los Derechos Humanos y sostuvo rabiosamente la desmalvinización educativa y cultural, a pesar de la sanción en 2006 de la inclusión de la Causa de Malvinas en el sistema educativo, que jamás se permitió. También intervino en el universo de las organizaciones de veteranos de guerra para profundizar su fragmentación, triplicando el monto de las pensiones con el propósito de silenciar a los críticos con dinero.
La supuesta “re-estatización” de YPF no fue tal, ya que conservó el carácter de sociedad anónima, y la participación de las provincias en las decisiones de su directorio sometió a la principal empresa nacional a los eslabones más débiles de nuestro ficticio sistema federal. Respecto al llamado “desendeudamiento”, es suficiente remitir a los análisis de los especialistas y a las propias declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien declaró a su gobierno y al de su antecesor como “pagadores seriales”. Solo cabe señalar que uno de sus ministros de Economía, Amado Boudou, eligió al Barclays Bank, el principal operador bancario en las usurpadas Islas en su momento, como operador oficial argentino con los fondos buitres.
Una de las figuras emblemáticas de este período fue el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, quien presidió el Partido Justicialista Nacional durante largos siete años, gracias a haberse constituido en el mejor empleado local de la Barrick Gold.
Dos de las principales operaciones del poder blando británico en la posguerra para el ejercicio de la desmalvinización encontraron en el kirchnerismo a su principal colaborador. Me refiero a las denuncias realizadas por sus excombatientes preferidos (el CECIM La Plata y adláteres) sobre los maltratos y abusos cometidos por algunos oficiales y suboficiales en perjuicio de los soldados conscriptos durante las acciones armadas de 1982, con la pretensión de que la Justicia los declarase como “crímenes de lesa humanidad”.
Esta maniobra, pese a los fallos del Poder Judicial en contrario, aún está vigente y tiene la finalidad de convertir a la nueva invasión perpetrada por la alianza anglo-norteamericana de 1982 en un conflicto de carácter interno, asimilando al Teatro de Operaciones Malvinas al “último campo de exterminio de la dictadura” en el marco del Terrorismo de Estado.
La otra operación fue permitir a los británicos realizar una gigantesca maniobra de distracción de su avance colonialista en nuestros territorios, presentándolos como humanitarios a través de la realización de pericias forenses para “identificar” (el verdadero término sería “localizar”) las tumbas de los soldados argentinos que yacían en el Cementerio de Darwin sin ser nominados.
Fue en el marco del acto realizado en Tierra del Fuego para conmemorar el 30° aniversario de la recuperación transitoria de nuestros territorios australes que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició las gestiones para la maniobra británica, a través del anuncio del envío de una carta dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), solicitando la realización de pericias forenses.
Entre las incongruencias de esa misiva, afirmó que “…se advierte que, a treinta años de los acontecimientos, los deudos de las personas fallecidas no disponen de información oficial del destino final de sus restos y pertenencias, ni cuentan con el sitio adecuado para dirigir su recuerdo y ofrendas, situación que se contrapone abiertamente con el derecho a la verdad que les asiste”.
Estas afirmaciones son completamente falaces, ya que el Estado Nacional siempre dispuso de la información sobre el listado completo de los fallecidos, entre los cuales se encontraban aquellos que cayeron en los combates terrestres y fueron trasladados, por la unilateral decisión británica, desde los campos de batalla hasta el Cementerio de Darwin en febrero de 1983, incumpliendo con las prescripciones establecidas por el Derecho Internacional Humanitario de esperar cinco años para la disposición final de los restos, lo que provocó la no identificación de muchas tumbas.
La propia CFK, apenas cuatro años antes, había firmado el Decreto PEN N° 2131/2008, declarando Lugar Histórico y Cementerio de Guerra al Monumento a los Héroes de Malvinas erigido en el Cementerio de Darwin, financiando su gobierno los viajes de inauguración por parte de cuatrocientos familiares que viajaron en octubre de 2009, divididos en dos contingentes. Comenzaba en ese acto, una maniobra que ha sido ampliamente explotada por la inteligencia británica durante varios años, inscripta en su ejercicio de poder blando, que el actual gobierno reedita.
El macrismo: regreso de las relaciones carnales y continuidad del poder blando colonialista
No en vano, las dos primeras medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri fueron la disminución de los porcentajes que deben pagar en concepto de regalías para la explotación minera, beneficiando a las compañías de origen anglosajón – mayoritariamente – y la continuidad de las gestiones para la realización de las pericias forenses.
El 12 de mayo de 2016, la Canciller Malcorra se reunió con el canciller inglés Philip Hammond, la primera reunión a ese nivel entre los dos países en 14 años. Según Ignacio Zuleta, la entonces Canciller describió que en esa reunión se acordó la agenda bilateral que derivaría en el acuerdo Foradori – Duncan, al que definió como “una hoja de ruta que le diera marco a su intención principal, que era emprender el proceso de reconocimiento de los soldados caídos en la guerra de 1982”. “Para eso debimos –afirmó– reconocer un listado más amplio de cuestiones que, eventualmente, serían tema de discusión y negociación” (Susana Malcorra, “Pasión por el resultado: El liderazgo femenino ante las grandes decisiones”, Bs. As.: Paidós, 2018, pp. 165-171).
Cabe interpretar, en consecuencia, que la realización de las pericias forenses fue utilizada para encubrir bajo un “rostro humano” la verdadera estrategia británica de avanzar en su agenda de consolidación de su asiento colonial, explotación unilateral de nuestros bienes naturales, reducción de costos de su ocupación, planificación logística, concesión de nuevas áreas de explotación hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, etc., bajo la estrecha colaboración de nuestra diplomacia.
El 13 de septiembre de 2016, el Vicecanciller argentino, Emb. Carlos Foradori, y su par británico, Alan Duncan, suscribieron lo que denominaron “comunicado conjunto”, donde se fijó una “agenda de trabajo bilateral en materia de consultas políticas de alto nivel, lucha contra la corrupción y el crimen organizado, intercambio en ciencia y tecnología, derechos humanos y cuestiones de género, arte, cultura, deportes, comercio e inversiones, seguridad internacional y defensa, crisis de los refugiados y la cuestión del Atlántico Sur”.
En este último asunto, declararon su voluntad de “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados” y también se refirieron al establecimiento de “dos escalas aéreas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección”.
Finalmente, “expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin”, coincidiendo que “los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia”.
Ninguna de las medidas anunciadas por el “comunicado conjunto” – que en realidad tuvo efectos muy concretos y carácter de Acuerdo – beneficiaron la posición argentina; todas, sin excepción, favorecieron a la posición británica, sea en sus medidas unilaterales, sea obteniendo nuevas concesiones para su ocupación colonial.
Tres meses después, el 20 de diciembre, finalmente, representantes de ambas Cancillerías se volvieron a reunir en Londres. La delegación argentina estuvo presidida por el diplomático que sustituyó al Embajador Carlos Foradori como Vicecanciller, el Embajador Pedro Villagra Delgado, y estuvo integrada por el embajador argentino en Londres, Renato Carlos Sersale Di Cerisano. A la ocasión, también concurrieron los delegados isleños, también de manera “informal”. El resultado fue la suscripción del Acuerdo bilateral, que incluyó la identificación de los soldados argentinos sepultados en Darwin, otorgando mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para ejecutar dicha misión.
La mejor descripción de esta reunión la realizó Julio Cardoso en un memorable texto: “Retrato del régimen dominante”.
Obviaré referirme a otros hechos evidentes del gobierno macrista, con el nuevo gigantesco endeudamiento, su alineamiento automático a los enemigos de nuestra Nación y nuestro pueblo, y la fuga del primer contingente de nuestras reservas en oro a Londres.
Gobierno de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner: continuidad de la farsa humanitaria
El siguiente gobierno, cuya fórmula fue decidida por CFK, también fue encabezado por un hombre de confianza de los británicos, que había sido colocado como Superintendente de Seguros de la Nación por recomendación del Banco de Londres en el primer gobierno de Carlos Menem. Nos referimos, claro, a Alberto Fernández, quien, como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, había prestado otros importantes servicios a la Corona. Entre ellos, convertir a la agente británica Romina Picolotti en la Secretaria de Medioambiente de la Nación (en premio por su instigación al enfrentamiento argentino-uruguayo por la cuestión de la instalación de las pasteras en el Río Uruguay, que duró cinco años y medio).
El establishment también le debía a Alberto Fernández el salvataje político de Mauricio Macri en 2008, cuando, en funciones como Presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal, junto a su jefe Néstor Kirchner, promovieron la candidatura del siempre ubicuo Daniel Filmus para enfrentar a Jorge Telerman, dividiendo el voto de la coalición oficial, lo que posibilitó al entonces presidente de Boca Jrs. acceder al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno de Fernández-Fernández de Kirchner recuperó la retórica y cosmética malvineras y, salvo la tardía denuncia del acuerdo Foradori-Duncan y la suspensión del vuelo adicional con escala en Córdoba que había sido aprobado por el macrismo, no sostuvo una política coherente con nuestro reclamo.
Durante la pandemia, el primer Secretario de Malvinas designado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Filmus, ofreció a los habitantes ilegales de las islas “ayuda humanitaria” para enfrentar la pandemia del coronavirus, a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos, test para detectar el virus, vuelos humanitarios y atención en centros médicos en el territorio continental argentino. Todo en perfecta sintonía con la tesis de “seducción de los kelpers”.
Cuando se detectaron los primeros casos de infectados en las islas, Filmus insistió en su traslado, pero se trataba de cuatro militares británicos que integraban las fuerzas de ocupación. Es decir, que el representante del país ocupado ofreció asistencia a los militares de la potencia ocupante –sin que ésta lo solicitase–, para que se curen y luego vuelvan a integrar las fuerzas de ocupación de una porción de nuestro país.
Para colmo –y como resultó obvio–, los ocupantes ilegales de nuestras Malvinas le respondieron al tierno Secretario que “Cuando haya problemas que requieran apoyo adicional, trabajaremos con el Reino Unido”. (Además de la muerte, el otro lugar de dónde no se vuelve es el ridículo).
El gobierno tuvo el buen tino de reemplazar a Filmus por Guillermo Carmona al frente de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, en vísperas del 40° aniversario de la recuperación transitoria de Malvinas. Carmona contaba con buenos antecedentes; los familiares de los caídos en el submarino A.R.A. “San Juan” lo reconocían como un interlocutor válido en la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan” del Congreso de la Nación. Se había ganado el aprecio de los militares que lo habían tratado cuando presidió el IAF, y, como presidente del Partido Justicialista mendocino, se había jugado en contra de propios y extraños cuando se intentó derogar normas de protección del ambiente, a instancias de compañías mineras.
Consecuente con ese perfil dialoguista, estableció excelente relación con el heterogéneo universo de las organizaciones de veteranos de guerra, de familiares de caídos y de entidades académicas vinculadas a la Causa de Malvinas, lo que propició un buen clima para la conmemoración de las cuatro décadas de posguerra.
No obstante, sus jefes políticos –el Presidente de la Nación y el Canciller Santiago Cafiero– le retacearon recursos presupuestarios y apoyo político. Un solo ejemplo demuestra esa situación: mientras Carmona visitaba el Parlamento Europeo para obtener una primera declaración pos Brexit que reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre Malvinas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los pocos días se reunió la entonces Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, con autoridades y empresarios británicos para promover inversiones de éstos en nuestro país.
Mientras tanto, las operaciones de poder blando británico siguieron su curso en plenitud, continuando con una nueva fase de las pericias forenses y la explotación mediática de las denuncias por supuestos “crímenes de lesa humanidad” no se detuvo. La desmalvinización educativa y cultural continuó incólume, y se careció de respuestas efectivas a la firme política colonialista en el Atlántico Sur.
Conclusiones
Como vemos, ninguno de los Gobiernos Nacionales de posguerra tuvo una auténtica política de Estado para recuperar nuestras Islas Malvinas, y todos se sometieron –por acción u omisión– a la estrategia británica para ampliar y consolidar su ocupación colonial de nuestros territorios. El actual Gobierno, con las recientes medidas, vuelve a insistir con la “Teoría de la seducción de los kelpers”, que tanto les ha servido a los británicos a través de décadas para disminuir los costos de su ocupación colonial, perjudicando al interés argentino consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
La autorización de restituir el vuelo adicional con escala en el Aeropuerto de Córdoba refuerza el interés británico de abaratar los costos logísticos de la ocupación, aspecto especialmente importante en vísperas del inicio de la explotación petrolera off shore.
En cuanto al anuncio de concretar una nueva etapa de realización de pericias forenses sobre los restos de soldados argentinos sepultados en el Cementerio de Darwin, se trata evidentemente de una maniobra de poder blando colonialista, tendiente a encubrir la verdadera naturaleza de su política de saqueo de los bienes naturales que nos corresponden, sustentado a la vez por su ocupación militar que amenaza a la Paz en el Atlántico Sur.
Es obvio que nuestro país debería adoptar la estrategia opuesta, encarecer los costos de la ocupación colonial, si realmente quiere llevar a los británicos a la mesa de negociaciones. Y esa estrategia la debería realizar junto a todos los países del Cono Sur, extendiendo las sanciones económicas a todas las actividades que realizan los británicos y sus aliados en el continente argentino suramericano (minería, energía, finanzas, alimentos, etc.).
La organización de nuevos viajes de familiares de caídos al Cementerio de Darwin –más allá de su justicia y necesidad– servirá en la misma dirección de mostrar a los británicos como “humanitarios”, para lo que contarán con la ya consolidada colaboración de la Diputada Nacional por La Libertad Avanza María Fernanda Araujo, -a la sazón presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur–, quien cambió la defensa de la Causa de Malvinas y la honra a los Héroes que allí dieron sus vidas, incluyendo a su hermano, por su propio destino personal.
“Una felonía tan grande, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer” José de San Martín.
* Ex Soldado combatiente en Malvinas, Director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.
26/9/2024
