*Por César Lerena
Este año vencen las cuotas de captura de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra y polaca por 15 años y el mar está revuelto. El nuevo gobierno pasó de pretender licitar el recurso internacionalmente a que todo siga como está. Entendamos: los que encabezan las cuotas adjudicadas y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar son las empresas que encabezan las exportaciones argentinas.
¿Alguien se imagina, en este escenario, donde un pequeño número de personas —que, salvo excepciones, se repiten en las últimas décadas— pueden adjudicar por 15 años la captura de unas 325 mil toneladas por año de recursos pesqueros de dominio del Estado, es decir, unos 5 millones de toneladas, cuyos valores de exportación alcanzan hasta los 26.000 U$S FOB, y no existan sombras de corrupción? Es una tradición oral y vox pópuli en los ámbitos portuarios que los permisos de pesca tenían un precio, cuestión que, a partir de convertir las cuotas “en transferibles”, se blanqueó. El buque pesquero más caro, sin cuotas y/o autorizaciones, no tiene ningún valor.
Se entiende entonces, ¿por qué la adjudicación de cuotas puede dar lugar a actos de corrupción? El dueño de la pesca es el dueño del pescado. El Estado le da en concesión a una empresa la captura de una especie cuya demanda está asegurada. El empresario, sentado en el escritorio y en tiempo real, va conociendo cómo se va llenando la bodega del buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida.
El Estado le cede por 15 años “la gallina de los huevos de oro”. Claro está, en la Argentina, con los altos costos internos, la inflación imprevisible, sin proyecto y pendular, nada es fácil; pero nada, mucho cuesta poco. Enrique Santos Discépolo, en su tango “Cambalache”, hace 90 años (¡!), inmortalizado por Carlos Gardel, ya nos decía: “el que no llora no mama y el que no roba es un gil, dale no más…”.
Por un lado, el año 2024 comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca, por la cual, mediante un simple pago de un canon, el gobierno les habría otorgado todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en los puertos nacionales; sin utilizar tripulación argentina; sin industrializar las capturas en Argentina y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc.
Un proyecto que es difícil de creer que hubiese sido elaborado por un incapaz; tenía vocación sancionatoria y ejecutaba la idea anarcocapitalista de liberar todo y, ante semejante desatino “bananero”, nadie podría asegurar que no habría escondido un retorno multimillonario. No hubiese sido la primera vez; pero, aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico, no solo en la Argentina, sino en todos los países donde veían peligrar sus negocios en el país. Los WhatsApp de los gallegos explotaron entre ambos continentes. No querían quedarse solo explotando ilegalmente en Malvinas. El otro extremo de “que todo siga como está” también podría tener su precio y de eso hablaron los medios nacionales (La Política Online) y especializados (RevistaPuerto.com)
Como consta en las Actas 10, 12 y 14/2024 del Consejo Federal Pesquero (CFP), todo el sector empresario pesquero, gremial y naviero envió apresuradas notas a este Cuerpo solicitando la prórroga de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de las referidas especies. Las notas pudieron ser autónomas, pero también podrían haber sido solicitadas por el Subsecretario de Pesca, López Cazorla, para curarse en salud y no innovar, contrario a las opiniones de Sturzenegger de que los empresarios no compiten y que por eso, su intención había sido licitar.
¿Son necesarios estos extremos? Porque en esta nueva adjudicación no se innovaría en materia de mayores inversiones; tampoco se establece que el tiempo de concesión debería estar determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica; no se establece un aumento de la industrialización y el valor agregado; un mayor respeto por las autonomías provinciales o la exigencia de planes de desarrollo pesquero y comunitarios de cumplimiento auditables.
Las cuotas no pueden ser otorgadas por el Consejo Federal Pesquero, sino por una Comisión Técnica Ad-hoc designada al efecto, que debiera evaluar y dictaminar previamente sobre la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados desde la sanción de la Ley 24.922 (recordemos la cajoneada Auditoría de la UBA).
Además, se deben cumplir las exigencias de la ley que establecen que el otorgamiento no debe producir una concentración indeseable en relación con el resto de las empresas pesqueras. Se debe establecer la “Unidad Económica Pesquera” que garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas para que no terminen transfiriendo sus cuotas.
Se deben incorporar buques con la mayor tecnología relativa a la eficiencia pesquera, reducción de la huella de carbono y que cuenten con sistemas de refrigeración para agua de mar u otros sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco. También es necesario favorecer la selectividad de las capturas, procesar los productos en el país y destinarlos directamente al mercado minorista internacional o nacional, realizar un mayor aprovechamiento de los residuos a bordo o en tierra, y evitar los descartes en el mar, asegurando que todas las capturas se desembarquen y procesen.
El proyecto debe contemplar el desarrollo de la producción en acuicultura o mariculturas en relación con las cuotas o autorizaciones de captura obtenidas y presentar proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de la empresa. Tampoco es posible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones.
Un porcentaje del total a capturar debe destinarse a ello. No olvidemos que se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto, no es posible que los fondos provenientes del pago de derechos continúen destinándose a la administración ineficiente y puesta en duda de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero (ver Actas CFP 3, 8 y 11/24).
Ahora, dos medios son muy importantes para ventilar una corrupción que podría seguir vigente: LPO (lapolíticaonline), que destapa la olla, y la Revista Puerto, que da detalles elocuentes. Por su parte, la embajada de Estados Unidos defiende los intereses de sus empresas radicadas en Argentina.
Nadie antes se había atrevido a tanto, y en muchas escribanías podrían estar amarillos boletos de compraventa de permisos incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales; ahora basta un sótano. En cualquier caso, la justicia debería investigar tanto las denuncias de corrupción anteriores como las actuales. Sin embargo, esto parece una misión imposible, ya que el Estado se pretende achicar, pero no a la hora de recaudar.
La Revista Puerto indica que “la irrupción solapada de un grupo de operadores que, según pudo chequear este medio, convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo. De hecho, la persona a cargo de las primeras charlas mantuvo conversaciones con los representantes de las pesqueras más importantes del país en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay. Según lo que pudimos saber off the record por fuentes del sector, el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza negra. Deberían pagar unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares, que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal LPO.
Algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno; pero, al parecer, el que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, de origen en Estados Unidos, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través de LPO. Es decir que el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde; sería, en todo caso, un apriete del ala de gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero”.
Aunque los hechos tengan cierta coincidencia con la declaración del presidente Milei el pasado 2 de septiembre de 2024 en la UIA: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes” (sic), hay una cierta confusión sobre quiénes podrían ser los damnificados de haberse pagado esta supuesta coima. No son solo los empresarios; es nuevamente el Estado, porque esos 15 millones que habrían estado en juego, seguramente habrían reducido el aporte del pago de los derechos de captura de los empresarios.
El Consejo Federal Pesquero (CFP), ante la grave denuncia de coimas, “habría suspendido la renovación de las Cuotas de Merluza”, según versiones publicadas por LPO el 4 de septiembre de 2024. La duda surge sobre por qué la suspensión se refiere solo a la Merluza hubbsi, cuyo valor ronda los 3.000 dólares la tonelada, y no también a la Merluza Negra, cuyo precio supera los 26.000 dólares la tonelada y se vende a 32 dólares la libra (450g) en Estados Unidos.
Además, queda en suspenso si solo debieran renunciar el subsecretario de Pesca y presidente del CFP, López Cazorla, o el influyente delegado del ministro Caputo en el CFP, Juan Pazo. En realidad, la suspensión y la eventual renuncia refuerzan la credibilidad de la supuesta coima. En tal caso, la Autoridad de Aplicación por la Ley 24.922, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y todos los miembros del Consejo Federal Pesquero deberían presentar su dimisión.
La situación se complica aún más con la aparición de Tío Sam en el escenario. Aunque Sturzenegger no lo sepa, en Argentina operan numerosas empresas nacionales con capital extranjero. Aunque la actividad pesquera presenta defectos, no está dominada por un empresariado nacional prebendario. Sin embargo, el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA), a pesar de sus orígenes y de sus accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity, enfrenta problemas para justificar el origen de sus recursos.
Los peticionantes enfrentan el peor momento para intentar obtener dólares a cambio de la adjudicación de cuotas de Merluza Negra. Seafood Media Group, citando a Associated Press, revela que ya existen tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y el Reino Unido debido a las licencias de pesca ilegales otorgadas por este último en las Islas Georgias del Sur (argentinas). Esta situación surge como respuesta a la pesca indiscriminada por parte de Rusia de esta especie, a pesar de que en la región los límites de pesca se establecen por consenso de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). En este contexto, las autoridades estadounidenses amenazan con prohibir las importaciones británicas provenientes de esa zona.
No es un detalle menor que algún funcionario del gobierno haya solicitado coimas a una empresa de capital estadounidense, dado que Estados Unidos es el principal comprador de merluza negra en Argentina, tanto en volumen como en precio. La disputa refleja cómo los esfuerzos de Rusia por socavar a Occidente llegan incluso a las regiones más remotas, tradicionalmente ajenas a las batallas geopolíticas. Sin embargo, la Cancillería parece no haber comprendido plenamente esta dinámica, a pesar de que el gobierno afirma estar alineado con Estados Unidos.
Hay cometas y cometas. Esta habría sido de las peores: desmesurada y extorsiva. El gobierno deberá responder rápidamente al requerimiento de informes solicitado por el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el ex Intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti. Pulti ha dirigido su demanda a la Cancillería, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y al Consejo Federal de Pesca.
En su comunicación, Pulti expresó que, tras hacerse público que se habrían producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector, se presentó una denuncia de la firma IBERCONSA ante la Embajada de Estados Unidos. Esta denuncia alega que se les solicitó un soborno de 15 millones de dólares por parte de emisarios del Gobierno Nacional.
Pulti subrayó la “inusitada gravedad” del hecho, que implica la denuncia de actos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el ex Intendente, estas prácticas habrían llevado a las empresas extranjeras a informar a la Embajada de Estados Unidos sobre la corrupción vinculada con recursos naturales estratégicos de la Nación, como los pesqueros.
Esta situación justifica el requerimiento de información, y Pulti aclara que las conductas denunciadas, de acuerdo con los informes periodísticos, constituyen delitos tipificados por el Código Penal y son contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097.
Vale remarcar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establece el principio republicano de gobierno, cuya manifestación primordial reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello, se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder.
La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1º y 33º, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria, como los arts. 38º (partidos políticos), 41º (derecho ambiental) y 42º (derechos de los consumidores y usuarios).
Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75º inc. 22, como la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por la Ley 24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Ley 26.097, entre otros. Por ello, solicito a los funcionarios que pongan a disposición del suscripto la información requerida dentro de los plazos legales.
Sería conveniente que así lo hicieran, ya que el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata y a actuar en consecuencia. Es necesario reducir el Estado de aquellos que se valen de él de manera corrupta e indecorosa para su propio beneficio.
*Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.
9/9/2024
