Por Redacción
El Gobierno de Venezuela condenó el último lunes la confiscación “ilegal” del avión que utilizaba el presidente Nicolás Maduro y calificó la acción de las autoridades estadounidenses como un acto de “piratería”. En un comunicado, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a EE.UU. de ejecutar una “práctica criminal reincidente”.
El gobierno venezolano agregó que Estados Unidos confiscó “ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República”, amparándose en las “medidas coercitivas que, de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”.
La Cancillería venezolana subrayó que “esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional” y que Estados Unidos utiliza su poderío económico y militar para “amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
El canciller denunció que la actitud tomada por el gobierno estadounidense es un claro ejemplo del “supuesto ‘orden basado en reglas’, el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad”.
Asimismo, Venezuela se reservó el derecho de emprender “cualquier acción legal para reparar el daño perpetrado contra el país, así como los otros causados por la ‘política criminal de medidas coercitivas unilaterales’”.
El avión presidencial, un Dassault Falcon 900EX, fue incautado en República Dominicana y trasladado al Distrito Sur de Florida, según confirmó el Departamento de Justicia estadounidense. El gobierno venezolano recordó que en junio de 2022 un Boeing 747-300 fue retenido en Argentina y entregado a EE.UU. por la administración de Javier Milei, lo que Caracas calificó como un “robo descarado”. En febrero pasado, imágenes en redes sociales mostraron el avión de la empresa Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, desmantelado en EE.UU.
3/9/2024
