Por Redacción
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte rechazó enérgicamente las denuncias penales por extorsión que el diputado porteño Facundo Del Gaiso presentó contra Pablo Moyano, Secretario General Adjunto del sindicato de Camioneros. El accionar del gobierno porteño pretende criminalizar la protesta sindical mientras el Jefe de Gobierno de la Ciudad no responde a las demandas de los trabajadores.
La organización sindical que conducen Hugo y Pablo Moyano, lleva adelante una protesta en demanda de mejores condiciones laborales y de infraestructura en el ámbito de la recolección de basura. Asimismo, rechazó la iniciativa del alcalde porteño que pretende minicipalizar a 3000 choferes de grúas afiliados al Sindicato de Camioneros.
En este contexto la ITF afirmó que “la acusación de extorsión en el contexto de una medida de trabajo a reglamento es una interpretación errónea y dañina de la naturaleza de las acciones sindicales”. Al mismo tiempo ponderó la medida de acción directa empleada por el Sindicato y precisó la medida “es una manifestación de su descontento y un intento de iniciar un diálogo con los empleadores para mejorar su situación”.
Por otro lado, Edgar Díaz, Secretario Regional de ITF, señaló que la denuncia presentada por el legislador de la Coalición Cívica “representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. La criminalización de las medidas de protesta de los gremios es un hecho alarmante, ya que puede constituir un avance peligroso hacia la persecución y al totalitarismo”.
El dirigente subrayó que el derecho a la protesta y a la huelga “son piedras angulares de la democracia y de las relaciones laborales justas, protegidas por la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14bis, así como por la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Contrato de Trabajo”.
Para la ITF “los actores sociales, incluyendo los empleadores y el estado, deben respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en lugar de criminalizarlos. La denuncia no solo desvirtúa la esencia de las acciones sindicales, sino que también ignora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, así como los convenios fundamentales de la OIT que la República Argentina ha ratificado, en particular el C87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)”.
Al mismo tiempo, destacó que tales convenios “establecen claramente el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias o criminalización. La denuncia del diputado Del Gaiso quebranta estos convenios y afecta directamente la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para organizarse, protestar y negociar colectivamente, socavando así la libertad sindical y la negociación colectiva”.
La ITF enfatizó que “es imperativo defender y proteger los derechos de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos laborales sean verdaderamente respetados y promovidos”.
25/7/2024
