Por Redacción
Tras la contundente jornada de lucha nacional contra la política de ajuste y anti-democrática del gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, la UTEP, organismos de Derechos Humanos, organizaciones culturales, deportivas, de ciencia, de inquilinos, PYMES y profesionales, emitieron un documento donde ratificaron la defensa “de los derechos civiles, sociales y laborales de nuestra Nación”.
Al respecto, explicaron que “este 24 de enero es de todos: de las Trabajadoras y Trabajadores ocupados, desocupados y de la economía popular, de los jubilados, de los estudiantes, de los movimientos sociales, de los hombres y mujeres de la cultura, de la ciencia, de los profesionales, de los pequeños y medianos empresarios y productores, de los sacerdotes de nuestros barrios populares, y de todos los habitantes del pueblo de la Nación Argentina”.
Del mismo modo, indicaron que “es la demostración real de la profunda preocupación que nos causa que se pretendan reformar más de 600 leyes, el Código Civil y Comercial y el Código Penal a través de un DNU absolutamente inconstitucional y de una Ley Ómnibus que, sin debate,pretende imponerse con la fuerza de las necesidades económicas de todos los sectores”.
“Ningún trabajador puede desconocer la crisis social y económica que estamos viviendo, la inflación erosiona los ingresos de todos y dispara los precios a niveles inaccesibles, pero ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos”, añadieron las Organizaciones Libres del Pueblo.
Al mismo tiempo, aclararon: “Que nadie los confunda no defendemos privilegios, ni prebendas, defendemos el derecho a trabajar dignamente, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo económico, el derecho a explotar nuestros recursos naturales, el derecho a manifestarnos y protestar, el derecho al desarrollo cultural y científico”.
Por otro lado, señalaron que “sin una sola razón valedera pretenden imponer a “Todo o Nada”, un DNU que la Justicia Laboral ha detenido y una Ley Ómnibus que no puede debatirse contra reloj por la incontable cantidad de materias que abarca”.
Asimismo, subrayaron que “las sociedades se transforman con diálogo y consenso, en cada sector social, económico y productivo hay interlocutores legítimos para ofrecer opiniones valederas, no se pueden imponer cambios de semejante envergadura y de tan variada temática en plazos perentorios bajo amenaza de sufrir consecuencias económicas más severas aún”.
Denunciaron que la Ley Ómnibus y el DNU:
– Ponen en riesgo a nuestras pequeñas y medianas industrias.
– Atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales.
– Castigan al comercio del mercado interno.
– Ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental
– Desfinancian la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales
– Vulnera el Código Civil
– Desprecian y se desentienden de los adultos mayores jubilados
– Habilitan la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público
– Autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional
– Pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano.
– Desguazan al Estado, para quitarle su potestad de regulación.
– Generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones.
– Construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas.
En ea línea manifestaron que es “un enorme dispositivo jurídico, llevado adelante de manera autoritaria, pensado en favor de minorías económicas y financieras, y en desmedro de la enorme mayoría de la población. Diseñado por y para favorecer a grupos económicos, para realizar una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad a una ínfima minoría. Un ajuste salvaje, que no va a corregir nada de lo que se debe corregir; sino que va a agravar todos los problemas existentes”.
Las organizaciones populares reafirmaron que “Diputados y Senadores con independencia de los partidos políticos a los que pertenecen deben fortalecerse con esta marcha multitudinaria, para honrar el mandato político recibido y defender con su voto la división republicana de los poderes y la Constitución Nacional”.
“Hoy vemos como el Gobierno busca romper con el contrato social mediante políticas y reformas que solo buscan avasallar los derechos y conquistas del pueblo argentino Reafirmamos nuestra convicción sobre la importancia del dialogo social como la única herramienta para crecer con equidad, y que permite elaborar una estrategia sustentable para lograr desarrollo, producción y trabajo digno, con justicia social”, agregaron.
No obstante, sostuvieron: “Nos hacemos cargo, cada uno en la medida que nos corresponde, de las cuentas pendientes y de los graves problemas que cargamos como sociedad y que debemos solucionar. Pero reafirmamos que la búsqueda de esas soluciones debe contemplar necesariamente el respeto a las leyes, a la convivencia democrática y al bien común. Los derechos civiles, sociales y laborales no se compran ni se venden ni se imponen: los derechos se conquistan y se defienden”.
Por último concluyeron que “es necesario reemplazar la grieta por la unidad nacional reafirmando que la Patria es de todos; y no se vende. Gracias a todas y cada una de las personas que hoy estamos en esta Plaza, gracias a la solidaridad internacional por su apoyo permanente. Estamos hoy acá porque creemos en un país con Justicia Social”.
25/1/2024
