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La CTA Autónoma hizo una presentación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la ONU para que el Gobierno de Milei termine con la persecución a la protesta

Por Redacción

La CTA Autónoma, en conjunto con organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos, remitió el pasado viernes un escrito a la Comisión Internacional de Derechos Humanos  y ante los mecanismos de protección de Naciones Unidas para presentar una denuncia sobre las multas millonarias impuestas por el Ministerio de Seguridad a las organizaciones sindicales decididas a confrontar con las políticas de Javier Milei.

En el documento se denunció al Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, tras la exigencia  a las organizaciones abonar sumas millonarias como consecuencia de su participación en las protestas sociales llevadas a cabo los días 20, 22 y 27 de diciembre.

Entre el 10 y 11 de enero, las organizaciones sindicales, sociales y políticas recibieron notificaciones formales en las que el Estado les solicitaba el pago de cuantiosas sumas por su participación en manifestaciones públicas frente a las medidas de ajuste, recortes y reformas regresivas implementadas por el nuevo gobierno.

La CTA-Autónoma remarcó que “el Ministerio de Seguridad de la Nación considera que la participación en marchas constituye una actividad ilegal y reclama, arrogándose facultades que no tiene, sanciones económicas por protestas pasadas, con lo que también intenta condicionar la acción futura. Esta política constituye una afectación del derecho a la protesta y manifestación y un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical”.

En este marco, la conducción de la Central Obrera expuso que “el 18 de diciembre pasado ya se había solicitado la intervención de la CIDH para que cese la aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.

Por último, resaltó que “el 29 de diciembre, el organismo internacional manifestó su preocupación y recordó que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos””.

 

 

 

 

15/1/2024

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