Por Redacción
La Confederación General del Trabajo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma solicitaron este jueves la intervención inmediata de la Organización Internacional del Trabajo ante la inminente aplicación del protocolo de orden público que “restringe y vulnera los derechos constitucionales”, motiva la persecución sindical y criminaliza la protesta, según la denuncia realizada por las tres centrales obreras.
Las organizaciones pidieron la intervención del Director de la OIT, Gilbert Houngbo, frente a la iniciativa presentada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El próximo miércoles la Unidad Piquetera llevará adelante una jornada de protesta y marchará desde Congreso a Plaza de Mayo. En este contexto, el gobierno amenazó a las y los manifestantes, no solo con la aplicación del protocolo represivo, sino también con la quita de planes sociales en función de sus participación en la protesta.
Para las Centrales Obreras “es incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT, se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos, a su vez, por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico”.
En tal sentido, las organizaciones denunciaron que “la nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”.
“El nuevo Protocolo para el mantenimiento del orden público autoriza a todas las fuerzas federales -La Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Areoporturaria, la Policía federal y el Servicio Penitenciario Federal- a intervenir frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”, indicaron.
El documento presentado por las dos CTA y la CGT, sostiene que en Argentina el gobierno aplica “un plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado que generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina y que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados”.
Del mismo modo, remarcaron que éste programa “pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
En ese orden, explicaron que “de acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 % al menos por el próximo cuatrimestre situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones colectivas y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
Asimismo, señalaron que “el movimiento sindical argentino venia advirtiendo durante la campaña presidencial electoral de la nación, que se venían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social. Estas manifestaciones que buscaban criminalizar la protesta social y la persecución sindical venían de sectores privados pero que hoy representan la autoridad nacional”.
Ante la OIT las Centrales denunciaron que el protocolo permite “la intervención de las fuerzas de policía sin que medie orden judicial, al considerar la protesta social como delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina. Crear un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público”.
En este marco, destacaron que entre las premisas del protocolo se destacan: “Identificar los vehículos que trasladen personas para manifestarse. Incluso, prevé la posibilidad de incautar estos vehículos y realizar investigaciones a los choferes que los conduzcan. Identificar los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización, ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personería jurídica, gremios o partidos políticos, con la cual se vinculan”.
El documento presentado de manera conjunta por Roberto Baradel, CTA de los Trabajadores; Adolfo Aguirre, de la CTA Autónoma y por Gerardo Martínez, de la CGT, plasmó la posición de la representación sindical donde se especificó que “el protocolo pretende condicionar a priori el mero ejercicio de la protesta social al autorizar el uso indiscriminado de la fuerza pública de policía y de la responsabilidad civil por daños como factor disuasivo para siembra temor en los eventuales trabajadores y en las organizaciones que decidieran convocar a una legitima protesta social”.
En esa línea insistieron en subrayar que “es evidente que esto se da como parte de una estrategia que pretende criminalizar la protesta que, a las luces de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, resulta limitar la libertad de expresión de argentinas y argentinos que producto de las medidas implementadas, estarán sumidos en la pobreza y la indigencia”.
“Podemos afirmar que de cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT”, resaltaron los dirigentes sindicales.
Por último, afirmaron que “el movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad”.
19/12/2023
