Por Gustavo Ramírez
“El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos”, así comienza el Plan de Gobierno de La Libertad Avanza. El diagnóstico le permite a Javier Milei justificar el avance sobre las estructuras estatales y al mismo tiempo pretende legitimar el ajuste. El esquema no es caprichoso. Representa las bases harto conocidas sobre las cuales sienta sus pilares la demanda oligárquica. El aditamento es la estructuración de un modelo represivo y persecutorio que fue embrionario durante la era macrista.
El presidente electo conduce al país a un embudo económico. Pretende la realización de un “fuerte ajuste fiscal” a través de la política de shock y en sintonía, desarticular la emisión monetaria. Prometió, además, seis meses de crisis sobre la falsa idea de que si esto no se hace así el país se encamina a una hiperinflación que llevará a la pobreza al 90 % de la población. Eso sí, aclaró que el ajuste se realizará sobre la política y no sobre la “gente”. Algo que cualquier hijo de vecino entiende como un cínico eufemismo. Sangre, sudor y lágrimas.
Hay una certeza aún más desgarradora que sorprendió al propio Milei: Será el primer presidente que llegó al gobierno prometiendo un ajuste brutal. Ahora, el interrogante es si esta premisa representa, en términos sociales, representa un cheque en blanco. ¿Están dadas las condiciones para que la población soporte un ajuste como el que promete Milei? Dentro de la estructura de la Libertad Avanza advirtieron que habrá una fuerte resistencia social a estas medidas, por lo tanto se comenzó a diseñar un plan represivo.
En su Plan de Gobierno, el libertario aseguró que tras el reordenamiento del Estado, que prevé despidos, se aspira “a reducir gastos por 15 % del PBI”. Una ganga pero también una contradicción flagrante. Semejante recorte tendrá impacto directo sobre la clase media y las clases populares, trabajadores y pobres. Por lo que el cóctel es algo más que explosivo: Inflación con recesión y devaluación sin pesos en las calles. El enfriamiento de la economía tendrá un costo altísimo para el mercado interno y afectará tanto a PYMES como a comercios barriales.
Sin explicar las formas de aplicación de las medidas, los liberales libertarios anunciaron: “Una vez reducido el gasto público bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90 % de los impuestos actuales que solo tienen un impacto de alrededor del 2 % del PBI en términos de recaudación pero entorpecen el funcionamiento de la economía”.
Este eje tendrá impacto directo sobre las economías regionales y el sostenimiento de la estructura estatal de la provincias, que según dejó trascender el propio Milei, de ahora en más se tendrán que sostener con su propios recursos. Dado que la reducción de la recaudación nacional implicará un corte significativo del reparto de la torta.
Para Milei, correr al Estado de la dirección política de la economía permitirá una consolidación de los salarios. Una vez más no explica como se producirá esto, dado que si la economía queda en manos del mercado la transferencia de riqueza será brutal achatando la base salarial. Por otro lado, el capital tiende por naturaleza a la acumulación de riqueza por lo que es imposible en este esquema que los salarios puedan adquirir una dimensión abultada. En el escenario que promueve, los desequilibrios dañaran el poder adquisitivo de la clase trabajadora porque el programa está diseñado para generar y asegurar ganancias al sector privado de manera desproporcionada.
A este panorama se le agrega el quiebre de la distribución de salario indirecto. La quita de subsidios energéticos empobrecerá más a los sectores mencionados y el subsidio a la demanda no llegará a cubrir la demanda monetaria para cumplir con los pagos demandados a partir de la liberación de las tarifas.
Por otro lado, en su Plan de Gobierno, Milei precisó que no quitarán los planes sociales hasta tanto no se haya consolidado el “Modelo de la libertad”. Lo cual, en el contexto prometido, implica la condena de los sectores más humildes a vivir de una asistencia estatal que el gobierno no podrá garantizar en función de los recortes que intenta establecer.
También se establece la reforma de la Ley de Seguridad Interna. No está claro lo que esto significa, pero si se tiene en cuenta que existe un programa represivo en marcha, se puede inferir que esta modificación puede ser altamente perjudicial para el sistema democrático. Es cierto que el actual presidente tendrá que establecer articulaciones parlamentarias, pero cuenta con los radicales y con Juntos por el Cambio para avanzar en ese sentido. La excusa, la gobernabilidad.
En este escenario la crisis será algo más que profunda. Más allá de la idea de resistencia popular que siempre se precisa en estos contextos, las relaciones de fuerza han quedado desequilibradas si se mira la composición del voto a Milei. Es cierto, el electorado es volátil, pero eso no determina la condición de reorganización popular, mucho menos sin conducción.
Por estas horas Unión por la Patria se transformó en un sello de goma pero también en un nido de víboras. Las viejas cuentas sin saldar se transforman en facturas que todos quieren cobrar. Sin embargo, la superestructura, sigue sin comprender que las bases llegaron a un punto de inflexión donde demandan el desplazamiento inmediato de quienes contribuyeron a la derrota. No son pocos los que hablan de traición y apuntan a los intendentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero también miran con recelo a Máximo Kirchner, hoy más distanciado del gobernador Axel Kicillof.
El próximo jueves, el Consejo Directivo de la CGT se reunirá en la sede porteña de la UOCRA. Será un encuentro acalorado. Según pudimos averiguar, el proceso que se avecina recluirá a las fuerzas en cada uno de sus propios sectores. Para preservar antes que nada fuentes de trabajo, el sindicalismo tendrá que negociar con la representación oficial. Aquellos que vuelven a soñar con que la Central Obrera sea que la encabece el proceso de resistencia se apresuran y no tienen en cuenta cuál es el diagnóstico que tendrá la dirigencia sindical sobre este momento.
Un dirigente que conduce un sindicato del transporte nos decía hace unas horas que el último domingo quedó en evidencia la ruptura “del pueblo con la política”. La misma fuente aseguró que se avizora la conformación de un modelo neomenemista mezclado con un “nuevo proceso de reorganización nacional”.
¿Por qué el sindicalismo cargará con la responsabilidad de cubrirle la espalda a la política cuando esta lo ha usado como elemento descartable? Unión por la Patria perdió sustento político, sus cuadros todavía están en plena elaboración del duelo y sacando casos particulares, ningún dirigente político dio la cara. Hay un factor que también juega para la elaboración del diagnóstico y por ende para constitución de una fuerza reactiva, muchas bases sindicalizadas optaron por el voto a Milei.
La fuerza política de Unión por la Patria está fragmentada, dispersa, sin conducción y con liderazgos más testimoniales que efectivos. El repliegue para acumular potencia y capital político no parece estar ordenado por lo que la organización de la resistencia no está clara todavía. Las medidas de Milei, está claro, impulsarán la inercia de la protesta sociales, la cuestión es si estas componen de unidad programática o se enquistan en reclamos coyunturales.
La bruma se dispersará una vez concretada la asunción de Javier Milei como presidente. Allí se verá que tipo de medidas se anuncian. Por el momento parece concreto el hecho de que no se apartará de su plan de gobierno. Mientras tanto, queda en claro que se necesita la elaboración de un plan político estratégico para contrarrestar el plan libertario, la cuestión es quién lo elabora y quien los ejecuta.
22/11/2023
