*Por Guadi Calvo
Conocido el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales del Ministerio del Interior de Pakistán, del 26 de septiembre de este año, a principios de octubre se puso en marcha una operación de búsqueda y expulsión, objetivada fundamentalmente en los indocumentados afganos, estimado en los casi cuatro millones de indocumentados, que, a lo largo de casi cincuenta años de guerra en su país, en distintas oleadas buscaron refugió en sus vecinos del sur. Con esta medida, Islamabad, ignora la legislación internacional y recomendaciones de Naciones Unidas, respecto a la trata de refugiados.
Algunos de esos refugiados, todavía resisten, ocultándose de las autoridades que los persiguen como criminales, mientras la gran mayoría, dando todo por perdido, han aceptado volver a Afganistán. (Ver: Pakistán, temporada de caza… al afgano.).
Muchos de los apuntados por la nueva ley de residencia, llevan décadas radicados en Pakistán, para los que obviamente significa un cambio descomunal en sus vidas, que los obliga, no solo a abandonar trabajos, relaciones e incluso familias, sino a incorporarse a una sociedad fuertemente convulsionada, por estar sometida a un estado de guerra permanente. Una guerra con diferentes protagonistas y características, pero que desde el derrocamiento del rey Mohammed Zahir Shah en julio de 1973, prácticamente no se ha detenido.
Esta misma inestabilidad es lo que ha impedido cualquier tipo de desarrollo, obligando a la enorme mayoría de los treinta y siete millones de afganos a vivir sumergidos en la miseria y sin posibilidades de escapar de ella. Lo que explica la gran diáspora que, no solo se dirigió a Pakistán, sino también a Irán, donde hoy se encuentran refugiados unos tres millones, que también se expandió, en diferentes momentos, a varios países de la región y de Europa.
Las autoridades de Islamabad, calculan, entre dos y cuatro millones, los indocumentados, aunque, fehacientemente, se han detectado un millón setecientos mil, que tendrán que incorporarse a la vida de su país, gobernado desde agosto del 2021 por el régimen talibán.
La dificultad de establecer un número acertado de migrantes ilegales, está dada por la amplia y porosa frontera entre los dos países de casi tres mil kilómetros, conocida desde la época colonial como Línea Durand, trazada sobre el escabroso macizo del Hindu Kush (Asesino de hindúes) por el funcionario colonial británico, Mortimer Durand.
En estos dos años largos, desde que los Mullahs, consiguieron derrotar a los Estados Unidos y hacerse del control del país, no ha conseguido hacer pie en el manejo del estado, lo que ha generado fuertes controversias internas, entre los sectores más ultramontanos, con el grupo más moderado, quienes consideran que, para sobrevivir, deberán aminorar las extremas exigencias de la sharia o ley islámica, que obliga a la población civil, a vivir en un sistema casi medieval.
Además, Kabul sobrelleva una guerra de baja intensidad con el Daesh Khorasan, que con frecuencia sorprende con atentados que ya han provocan más de un millar de muertos, al tiempo responder a las constantes protestas de Islamabad, que acusa a los mullahs, de dar sostén al grupo integrista Tehrik-e-Talibán Pakistán o TTP (Movimiento de los Talibanes Pakistaníes), que en estos últimos años se ha convertido en el mayor foco de violencia, superando incluso a las constantes tensiones con India, por la cuestión de Cachemira.
Es por esta razón que el gobierno del primer ministro interino pakistaní, Anwaar-ul-Haq Kakar, en varias oportunidades ha reprochado, la supuesta connivencia entre el Taliban afgano y el TTP, acusación que ha sido una de las principales razones de las deportaciones.
Respecto a la persecución de los indocumentados, o mahajar, (un término despectivo en pashto para referirse a un refugiado) las razzias han ido en aumento desde que el primero de noviembre, fecha de vencimiento del plazo otorgado para las salidas voluntarias.
Para los afganos, que llegaron en la última gran oleada, producida inmediatamente después de la caída de Kabul, oficialmente unos 600 mil, aunque se estima que son muchos más, la vuelta a su país puede significar una condena a muerte, ya que los muyahidines del mullah Hibatullah Akhundzada, esperan con particular interés a los miles de conciudadanos, que han servido, en diferentes rubros, como traductores, policías, militares, docentes o empleados administrativos a los norteamericanos a lo largo de los veinte años de invasión.
Las mujeres, que han estudiado y logrado incorporarse a una sociedad mucho más abierta, como es la pakistaní, a comparación con la afgana, se enfrentarán a una sociedad sin ninguna oportunidad de realización para ellas, donde no solo no podrán ejercer sus profesiones o seguir sus estudios, sino también, vivir sometidas a los rigurosos códigos islámicos, que la condena prácticamente a una vida de clausura.
Los indocumentados que resisten a la expulsión, viven hacinados en refugios, donde deben, mantenerse en absoluto silencio, restringir al máximo el uso de sus celulares y cambiar su ubicación de manera constante, ya que las razzias son cada vez más exhaustivas. También se han conocido casos de deportaciones de personas, con toda su documentación en regla, incluso existen casos de personas deportadas nacidas en Pakistán, que jamás han estado en Afganistán, hijos de inmigrantes, que nunca pudieron regularizar su situación. El idioma será otro gran inconveniente para los “mahajar” que en su mayoría hablan urdu, la lengua más usada Pakistán y que, en Afganistán, solo es utilizada por el siete por ciento de la población, donde los más expandidos son el pashto y dari.
Aunque quizás el principal de los inconvenientes, para el gobierno afganos será brindarles a los deportados, medios de vida, alojamiento, asistencia sanitaria y protección, cuando todavía no han podido atender a las víctimas, que han dejado los terremotos de octubre pasado, que mataron más de un millar de personas y arrasaron pueblos enteros en el oeste del país.
Mientras en los principales cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, cómo los de Torkham, en la provincia de Nangarhar y el de Spin Boldak en la provincia de Kandahar, se agolpaban cientos de miles de deportados, alcanzado a cruzar unos 10 mil al día, cuando antes de puesta en marcha de la ley, eran unos trescientos. Hasta el primero de mes, fecha límite para la expatriación voluntaria, solo habían optado, por ello, unas 300 mil personas. Varios centenares de miles, ya lo han debido hacer de manera compulsiva, tras ser capturados por las autoridades de Islamabad.
Según algunos relatos de repatriados, que contradicen lo que se esperaba, los guardas fronterizos afganos, han tenido un muy buen trato con los recién llegados, y más allá de las enormes incomodidades, por la falta de recursos e infraestructura para la atención de tantas personas, a lo que se les suma a las fuertes lluvias, que están dificultando todavía más la operación.
Muyahidines afganos reparten comida, abrigó, y entregaban las clásicas guirnaldas de bienvenida, junto a una asignación de 140 dólares. Mientras se les expiden tazkiras, (documentos de identidad).
Al tiempo que largas filas de camiones, se preparaban para el transporte de los recién retornados, hasta los campamentos levantados para la ocasión. Ya unos treinta mil, han podido retornar a sus lugares de origen en el interior afgano, en tanto, crece el rumor que se les podría entregar tierras estatales a los más pobres.
Expulsión y malos tratos al mahajar
Pakistán se dirige a toda velocidad a clausurar definitivamente la cuestión afgana, acelerando las deportaciones y persiguiendo como verdaderos criminales a quienes todavía no han aceptado las nuevas normas.
Existen denuncias de castigos físicos, durante las detenciones, robo de documentos, efectivo, joyas e incluso, existen denuncias de violaciones de mujeres. En cuanto los indocumentados son sacados de sus casas, por lo general muy precarias, estas son demolidas, en algunos casos con pertenencias de sus habitantes en el interior.
Los traslados a la frontera son extremadamente rigurosos, incluso se usan contenedores, uno de ellos volcó en la provincia de Punjab, lo que provocó dos muertos y más de una docena de heridos.
La actual crisis migratoria tensará muchos más la ya compleja relación entre Kabul e Islamabad, el poderoso e influyente ministro de defensa, Muhammad Yaqoob Mujahid, nada menos que el hijo mayor del idolatrado mullah Omar, fundador del Talibán, muerto por una enfermedad en 2013, advirtió que: “Pakistán cosechará lo que siembra”.
Un tema pendiente de discusión son los bienes de muchos deportados, que, a lo largo de sus años en Pakistán, había conseguido progresar económicamente, habiendo abierto comercios y comprando propiedades, ya que Islamabad aplicó restricciones, sobre los bienes que los deportados pueden llevarse, la norma indica que todo efectivo que exceda las cincuenta mil rupias, unos 175 dólares, deberá ser requisado por las autoridades pakistaníes, que pretenden arrebatarle todo a los despreciados mahajar.
*Escritor, Periodista, Analista Internacional: especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
17/11/2023
