Por Lucas She
En nuestra patria desde el año 1974 existe una ley nacional (llamada “bienes objeto de secuestro en causas penales”) que regula cómo los jueces penales deben disponer de los bienes decomisados al delito. Pero en ese momento, hace casi 50 años atrás, el delito no tenía los niveles de ganancias, trasnacionalidad y deterioro social de la actualidad.
“Entonces se pensó la ley para subastar los bienes, porque eran un obstáculo, sencillamente sólo veían que ocupaban lugar, no se pensaba en su administración y destino más que subastarlos. Hoy la realidad es otra. De allí que debemos tener una nueva ley para que los bienes tengan un destino social porque un delito necesita castigo como reparación”, aseguró Sebastián Casanello, el juez federal de primera instancia para la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 15, por la tarde, desde el auditorio de Acción Católica Argentina (av. de Mayo 621), en un panel que compartió con el obispo villero, Gustavo Carrara, junto a dos expertos internacionales en la reutilización social de bienes a la mafia: José Rojas Medellín, funcionario colombiano designado en 2022 por el presidente Gustavo Petro, y Bruno Corda, el titular de la agencia italiana.
En la sede central de Acción Católica monseñor Carrara dejó planteada una propuesta novedosa. Para este religioso que vive desde hace 14 años en la villa con más homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, hoy llamada barrio Ricciardelli (por el primer párroco en la villa del Bajo Flores bautizada por la dictadura 1-11-14), “un barrio donde la mayoría de la gente resiste y padece al delito” para este religioso quien ve positivo reparar e integrar a los más pobres “por eso estoy acá apoyando” y agregó Carrara en su ponencia los datos estadísticos de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde se demuestra que el núcleo duro de la pobreza abarca 5 millones de personas que habitan en 5.687 barrios precarios en toda la Argentina, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
“Debemos transformar la vida de los pobres -argumentó el obispo a cargo de la Vicaría de las Villas porteñas y del conurbano bonaerense-, sobre todo de los indigentes, porque la teoría del derrame nunca llega, y tampoco sirve ser una inmobiliaria de los bienes. Sí esos recursos pueden destinarse al fondo de los barrios populares va transformar vidas. Por eso debemos buscar consensos básicos para bajar los niveles de indigencia y pobreza. Que se haya votado la ley del RENABAP entre todos los sectores da esperanzas”. Luego habló de la inteligencia en las políticas de Estado para que las leyes no estén desconectadas entre sí y sobre todo el diálogo de los estados con la comunidad “para lograr una verdadera justicia social”.
En el auditorio estaban presentes, entre otros la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales, por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Guillermo Fernández, venida de la provincia de Entre Ríos la titular de Red Alerta, Silvina Calveyra, varios integrantes del sindicato de judiciales la Unión de Empleados Judiciales Nacionales (UEJN), el fiscal de instrucción, Andrés Madrea, la directora de relaciones institucionales de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, Mónica Lerose, de la cooperativa textil San Cayetano de los Hogares de Cristo, y el anfitrión Emilio Inzaurraga, consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida para la Curia Romana.
DOS REGISTROS DE BIENES DECOMISADOS
En el 2013 se crea el registro de bienes secuestrados y decomisados en el Ministerio de Justicia Nacional (que es publico) y luego la Corte Suprema crea otro registro, pero cerrado. “Por ende no sabemos bien la cantidad de bienes bajo control de la Corte. Así es muy difícil solicitarle bienes para la reutilización social”, sostuvo a Télam Lucas Manjon de Libera en Argentina, la organización pionera en Italia para perseguir las ganancias del crimen y devolverla al pueblo.
Según datos oficiales (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación), a mayo de 2021, existen más de 9 mil bienes (entre aeronaves, embarcaciones, automóviles, inmuebles, armas, dinero, etc.) secuestrados por la justicia federal que en casi su totalidad descansan en depósitos judiciales o privados sin uso. Esto lleva al deterioro de los bienes y se provocan perdidas millonarias al Estado, por ejemplo, para el alquiler para los depósitos, la custodia de los mismos, entre otros gastos.
El proyecto de ley “Bien Restituido” fue presentado este año con la firma de una veintena de diputados nacionales, de casi todos los bloques legislativos, y cuenta con el aval del Papa Francisco, quien escribió una carta, a fines de marzo del año pasado, en respaldo de la iniciativa que ganó un concurso de financiamiento promovido por la Unión Europea.
17/6/2023
