*Por Guadi Calvo
Absortos en el conflicto de Ucrania, siguiendo a la distancia, la incipiente guerra civil de Sudán, la que podría deparar un nuevo genocidio al país africano, prácticamente no se atiende la crítica situación de Burkina Faso.
En ese país del Sahel, desde hace siete años, bandas vinculadas a al-Qaeda o al Daesh, casi a diario, ejecutan matanzas, las que ya suman miles de muertos, que se calculan al menos diez mil, sumados dos millones de desplazados y amplias regiones del país, que ya superan el cincuenta por ciento de la superficie total, desestabilizadas, dada la profunda parálisis de sus actividades, tanto productivas, comerciales, como educativas.
No solo los crímenes a manos, tanto del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, la franquicia de al-Qaeda para el Sahel, o el Estado Islámico (Daesh), para el Gran Sahara (EIGS), son los responsables de estas matanzas, sino también, grupos paramilitares pagados por el gobierno o autodefensas, armadas para proteger a sus pueblos, propiedades y sembradíos, de las incursiones de los terroristas. Todos estos grupos, a la hora final de ajustar cuentas suelen ser tan salvajes y arbitrarios frente a la menor duda de pertenecer a una u otra facción.
A fines de diciembre pasado, uno de estos grupos paramilitares, ingresó a la ciudad de Nouna, en el norte del país, con una población de treinta mil habitantes, y mató e incineró a cerca de noventa personas, sospechosas, de formar parte de alguno de los grupos integristas, que horas antes habían atacado un puesto de la policía nacional. Este tipo de matanzas, sin ningún patrón legal, forman parte de la actual realidad del país saheliano.
Solo, por señalar, los ataques más recientes, en un año que se inició con la muerte de más de cincuenta militares, en una emboscada a una que patrulla del ejército, en un paraje ubicado entre las aldeas de Deou y Oursi, en la provincia de Oudalan, en el norte de Burkina Faso, llegado abril, la intensidad del fuego ha seguido en constante aumento.
El día dieciocho, se registró una de las más importantes que produjo la muerte de al menos veinticuatro personas, incluidos veinte auxiliares o Volontaires pour la défense de la patrie (Voluntarios para la Defensa de la Patria) o VDP, civiles incorporados al ejército, tras la creación de ese cuerpo en 2019. En dos ataques en el centro-este del país. Tres días antes, otros seis soldados y más de una treintena de VDP, habían muerto en el norte durante el asalto lanzado contra un destacamento de seguridad.
Ese mismo día, otro asalto, tuvo lugar en una aldea de Bittou, cercana a las fronteras con Togo y Ghana, donde murieron dieciséis VDP y cuatro civiles, a los que hubo que sumarles una docena de muyahidines. Pocas horas después, otros cuatro VDP murieron en las proximidades al sitio del ataque inicial.
Hacia finales de mes, se han registrado dos grandes matanzas. En la mañana del pasado día 27, en Ougarou, provincia de Gnagna, al este del país, treinta y tres soldados y cuarenta muyahidines fueron neutralizados, en el transcurso de los combates, que estallaron cuando un número no determinado de insurgentes, asaltó el puesto militar de esa localidad.
Esta operación se registró, apenas una semana después, de lo que se dio a conocer como la matanza de Karma, un pueblo, al norte del país y a menos de siete kilómetros de la frontera con Mali, en un área de extrema actividad terrorista y en cercanías de donde ya se han producido desde 2013, docenas de ataques similares.
En Karma, una aldea a quince kilómetros de Ouahigouya, la capital provincial, el pasado día veinte de abril, fueron asesinados al menos sesenta civiles, por hombres que según testigos llevaban uniformes del ejército burkinés que se desplazaban en motocicletas, camionetas y vehículos blindados. Más tarde, según una organización de derechos humanos, Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades (CISC) trascendió la versión, de que los muertos alcanzaban a 136; todos civiles y tiroteados por la espalda. De las víctimas, cincuenta eran mujeres y una veintena, niños, algunos de pocos meses de vida.
Tras estos sucesos y con las sospechas de que la responsabilidad de la matanza haya sido de las fuerzas regulares, el gobierno central, apoyó la investigación abierta por el tribunal superior de Ouahigouya, para investigar los hechos y castigar a sus responsables.
El gobierno del Capitán Ibrahim Traore, líder de la junta militar, que tomó el poder en septiembre del 2022, en un segundo golpe, intentando terminar con la inestabilidad del país, al igual que la junta de coroneles que gobierna Malí, concentró su atención, ya no solo en el accionar de los grupos rigoristas, sino en el papel, que en verdad jugaba el ejército francés.
Por lo que finalmente, desde Uagadugú, cómo ya había sucedido en Malí, se ordenó la retirada de los militares franceses, que desde hace más de una década se encuentran en la región, con un resultado paupérrimo, si detener la avanzada terrorista, hubiera sido su verdadero fin.
En varias naciones del Sahel, el fracaso y los abusos, por parte de las tropas francesas, han provocado un renacer del extendido sentimiento de rechazo a la antigua potencia colonial. Lo que provocó ataques, en diferentes oportunidades, ya no solo contra embajadas y consulados franceses, sino también a diferentes sedes de empresas de ese país. Incluso en Níger, meses atrás, la población interrumpió el tránsito de una columna militar francesa, la que ya había sido apedreada en su pasó por Burkina Faso, proveniente de Costa de Marfil, otro de los países, en los que se está despertando el despreció a la antigua metrópoli.
En este marco de tirantes de algunos gobiernos de la región del Sahel, particularmente Malí y Burkina Faso, llegando a la expulsión de embajadores y otros funcionarios diplomáticos, es, por lo menos, sugestivo, el incremento de las operaciones terroristas, que se han multiplicado, mientras la prensa internacional, pone la responsabilidad en la “incapacidad” de los ejércitos locales, y de la empresa de seguridad rusa, conocida como Grupo Wagner, convocado desde Bamako y Uagadugú, para brindar asistencia técnica y entrenamiento, en la lucha contra la insurgencia wahabita.
Desde algunos de los grandes medios occidentales, surge la teoría de que: “las ejecuciones extrajudiciales de civiles han aumentado según los grupos de derechos humanos y los residentes”, a manos de los rusos, que solo han llegado al país, para saquear sus recursos, al parecer, todo lo contrario que ha hecho Francia a lo largo de sus casi dos siglos de presencia en África.
Movilización general
Burkina Faso, no solo es uno de los países más pobres del mundo, sino que además cuenta una población de veintidós millones de habitantes, cuya media etaria alcanza apenas los diecisiete años, una de las más bajas del mundo. Por lo que son millones de jóvenes a los que el país no puede brindar ni estudios, ni salidas laborales, por lo que las campañas de afiliación de los grupos terroristas suelen ser extremadamente exitosas. Que ofrece sueldos, con los que ninguna actividad privada o estatal podría competir.
Es en vista de impedir que los jóvenes sigan incorporándose al Daesh o al-Qaeda, a falta de mejores trabajos, y la manifiesta necesidad de incrementar el número de las tropas para contenerlos, es que el gobierno del presidente de la transición burkinesa, el capitán Ibrahim Traore, que ya había anunciado en febrero pasado, la decisión de reclutar cinco mil nuevos efectivos, en el marco de la embestida terrorista, el jueves trece, decretó la “movilización general” por al menos un año.
Dicha medida le permitirá al ejército, llegado el caso, el alistamiento de ciudadanos mayores de dieciocho años, para enfrentar a la khatibas terroristas. En uno de los catorce artículos, que completan el decreto, se deja en claro que los ciudadanos se puedan organizar, bajo la supervisión militar o de las fuerzas de seguridad y defensa, grupos de autodefensa, para su localidad contra todas las formas de amenazas, incluidos obviamente a los grupos terroristas.
También se conoció que el gobierno se otorga el derecho de requisar personas, bienes y servicios y de restringir algunas y determinadas libertades civiles.
El martes once de abril, el Ministerio de Defensa, lanzó una operación llamada “Desvanes vacíos”, solicitando a todos los militares del país, activos o retirados, a donar sus uniformes para los soldados que se encuentran movilizados, para una guerra en que las masacres ya no cuentan.
*Escritor, Periodista, Analista Internacional: especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
30/5/2023
