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“Vamos a seguir destruyendo armas extraídas del delito, incluso en estos tiempos de discursos sensacionalistas e irresponsables respecto de la tenencia y portación de armas de fuego”

Por Redacción

Mientras en Estado Unidos se profundiza la violencia social a partir de reiterados casos de matanzas en masa, el gobierno argentino retomó a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados la iniciativa política de la destrucción masiva de armar, práctica interrumpida por el gobierno de Mauricio Macri. En los últimos dos años dicha política pública permitió la destrucción de 40 mil armas.

En la última semana el ANMaC destruyó más de 10 mil armas de fuego decomisadas por el Poder Judicial y de bajas patrimoniales en Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y del Banco de la Nación Argentina. Según un informe oficial con este lote de armas sacadas de circulación se llegó a 440.000 armas de fuego destruidas desde el año 2000, junto a más de 10 toneladas de municiones convencionales. El programa fue interrumpido durante los año 2018 y 2019.

El acto de destrucción de las armas coincidió con el aniversario de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos. El ANMaC informó al respecto que “las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen femicidios: en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego, y 99 de cada 100 usuarios son varones”. 

Natasa Loizou, directora Ejecutiva de ANMaC, sostuvo que “para todas nosotras, funcionarias y trabajadoras, que formamos parte de un gobierno que impulsa una agenda de políticas públicas orientadas a reducir las violencias contra las mujeres y diversidades, es muy importante esta acción que realizamos hoy. Este 3 de junio, a 7 años del primer Ni Una Menos, alcanzamos las 40 mil armas destruidas en nuestra gestión y 440.000 armas en los últimos 20 años”.

En tal sentido agregó que “estamos reactivando una política interrumpida por el gobierno anterior, destruyendo armas del delito, secuestradas gracias al trabajo articulado con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Es la realidad concreta de las políticas de control de armas, de prevención de las violencias y la persecución del delito”.

El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, por su parte señaló que “el desarme y destrucción de armas de fuego es una auténtica política del Estado Nacional que no vamos a cesar nunca. Vamos a seguir destruyendo armas extraídas del delito, incluso en estos tiempos de discursos sensacionalistas e irresponsables respecto de la tenencia y portación de armas de fuego”.

“Sacar de circulación un material de por sí violento, permite reducir la gravedad de los conflictos sociales que suceden en nuestra sociedad civil. Además, muchas de las armas destruidas provienen de bajas patrimoniales de las Fuerzas de Seguridad”, destacó el funcionario.

Por último, aseguró que “esto nos permite destruir materiales vetustos de las dotaciones policiales, para mejorar las condiciones de trabajo de las Fuerzas, dotándolos de armas y equipamientos nuevos y de mejor tecnología”.

Asimismo, el ANMaC informó que “las armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito; mientras que las de La Pampa, Santa Fe y Banco de la Nación Argentina, en el marco de la Ley 20.429 de bajas patrimoniales de dotación de las fuerzas policiales”.

El organismo oficial declaró que “la mayoría de estas armas han sido decomisadas por el Poder Judicial en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos, entre ellos hechos de violencia de genero”.

 

 

 

7/6/2022

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