Por Redacción
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió las suspensión del sistema reconocimiento facial de prófugos que empleaba el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de detectar el uso desproporcionado e ilegal de acceso a datos biométricos de 7,5 millones de personas que no eran buscadas, entre las que se encuentran dirigentes sindicales, sociales, políticos y derechos humanos, así como también jueces, empresario y periodistas.
Durante un período que abarca tres años, el Gobierno de la Ciudad, buscó datos biométricos de más de 7,5 millones de personas con la excusa de la realización de tareas de búsqueda de personas buscadas por la Justicia. Dicha actividad no está permitida por la ley. Desde el oficialismo porteño se excusaron al responder que las acciones se desplegaron en marco del convenio que mantienen con el Registro Nacional de las Personas. No obstante, el mismo se circunscribe a un universo de 40 mil personas, por lo que quedó en evidencia el uso de datos para otros fines.
Este último viernes, en el marco de la causa que lleva el Juez Roberto Gallardo, se ordenó el allanamientos en el Ministerio de Seguridad porteño y en el Centro de Monitoreo Urbano, donde se secuestraron computadoras y diversos dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, advirtió que “el convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas”.
En tal sentido, agregó que “ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño tiene en el barrio de Chacarita”.
Asimismo, el organismo informó que “entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementación nadie controló. Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA”.
Al mismo tiempo, determinó que “por la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio”.
“Solicitamos que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de 7,5 millones de personas en los últimos tres años, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo”, demandó el CELS.
13/4/2022
