Por Redacción
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, presentó este miércoles una denuncia y un pedido de remoción contra la Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía penal contravencional y de falas N° 35, por “abuso de autoridad e inteligencia ilegal por constituir actos discriminatorios contra trabajadores y trabajadoras de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses”.
Desde la UTEP denunciaron que esto implica “un verdadero laboratorio de lawfare contra quienes se dedican al comercio popular como forma de subsistencia. El accionar de Ramirez tiene como trasfondo servir a los intereses de las marcas multinacionales como Nike o Channel”.
“Hace pocos días, Ramirez ordenó –por pedido de la apoderada de Nike- una serie de allanamientos ilegales en Once que dejaron a más de 100 vendedores ambulantes sin su fuente de trabajo en la semana previa a Navidad”, indicaron fuentes de la organización popular.
Al mismo tiempo, precisaron que “no es un hecho aislado. El modus operandi es la utilización de figuras penales como asociación ilícita y falsificación de marcas, que luego no se corresponden con los hechos que dice investigar, para luego justificar su intervención en casos donde no tiene competencia y así consolidar la persecución”.
Para la UTEP “el círculo cierra con la intervención del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Agencia Gubernamental de Control y la Policía de la Ciudad, llevando adelante decomisos ilegales de mercadería y reprimiendo a quienes intentan defenderse”.
Asimismo precisaron que “cuando esta fiscal invoca a la conocida “ley de marcas”, ignora que la aplicación de la misma no es su competencia sino de la justicia federal; y que además, la jurisprudencia indica que la venta ambulante no viola dicha ley”.
Por otro lado, desde la UTEP, remarcaron que “el comercio popular en espacios públicos es un fenómeno a nivel mundial vinculado a las distintas formas de subsistencia que encontraron las y los trabajadores excluidos del mercado laboral formal”.
En ese orden, manifestaron que “en CABA, la única respuesta del Estado es la persecución, represión y criminalización, con la gravedad del componente xenófobo y racista ya que en su mayoría son trabajadores migrantes de países de África y Latinoamérica”.
Por último, desde la UTEP, expresaron que “este accionar refleja un esquema de criminalización de trabajadores pobres y sus organizaciones inadmisible en un estado de derecho”.
31/12/2021
