Por Redacción
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, llamó este lunes a la comunidad social, política y judicial de la región para terminar con el lawfare, que atenta contra las democracias y perpetúa el actual esquema de dominación política que promueve la proliferación de la injusticia social.
A través de un comunicado, el Comité, estimó: “Como juezas y jueces que somos los que integramos este Comité Panamericano, no podemos desconocer la gravedad de las corroboraciones emergentes: la evidente motivación político persecutoria de las causas abiertas contra algunos ex presidentes y otros funcionarios, la grosera manipulación probatoria, el uso extorsivo de la delación premiada, la siniestra relación simbiótica entre algunos agentes de prensa y miembros de la inteligencia abocada al “escándalo” de los casos”.
En tal sentido, se agrego también que resulta inaceptable “la evidente parcialidad de los investigadores y juzgadores involucrados, en algunos casos; el uso de la prisión preventiva como medio para inducir a falsos testimonios, la conformación de tribunales “ad hoc” con integrantes que no resultan de una regular integración, el desplazamiento y la persecución de jueces que resistieron esas prácticas espurias, son entre otras algunas de las evidencias de que hoy disponemos”.
Asimismo, la COPAJU, explicó que “el alcance regional de estas prácticas, es decir su manifiesta reiteración en diversos países con idénticas formas, mecanismos casi calcados y duplicación del modus operandi, explican la referencia papal a la “intervención exógena”. Nuestra región sabe de esto porque fue sacudida históricamente por sucesivas formas de intervención extranjera, algunas más directas y sangrientas que otras, pero todas al fin efectivas y destinadas a consolidar el poder extranjero sobre nuestras economías y decisiones políticas”.
En esa línea, el comunicado de la Comisión, remarcó que “el agotamiento de las formas militaristas de acción sobre los pueblos, implicó la estructuración de nuevas tácticas para la consolidación de las viejas estrategias históricas. Para la lógica de la dominación, los proyectos nacionales, las reivindicaciones populares y las emancipaciones sociales, no pueden tener cabida en nuestras patrias y de alguna forma deben ser neutralizadas”.
Los integrantes de la COPAJU, subrayaron por otra parte que “sería francamente inútil que continuáramos hablando de Derechos Humanos y Derechos Sociales si cerramos los ojos frente a estas prácticas de dominación y regresión. No hay derechos posibles para los pueblos mientras subsistan las concentraciones económicas, se privilegie sólo la tasa de ganancia y se pongan por sobre la dignidad de todas y todos los negocios de un puñado de individuos”.
Al mismo tiempo precisaron que en actual contexto “los ricos acaparan vacunas como acaparan riquezas y muchos pueblos quedan mirando como mueren miles de personas sin ser asistidas. ¿Qué más hace falta probar? ¿Cómo se sostiene tamaña injusticia? El descarte al que alude frecuentemente Francisco es un proceso de negación humana, contracara necesaria de la acumulación irracional de riqueza por parte de la centralidad mundial. El lawfare es uno de los andamiajes de dominación que lo hace posible”.
Para la COPAJU “en ese orden de ideas es fundamental crear urgentes mecanismos de revisión institucional. Así como en las post-dictaduras se crearon Comisiones Nacionales de investigación para poder dimensionar y denunciar los delitos cometidos y evitar su reiteración, en el post lawfare es imprescindible estructurar una investigación integral de las prácticas e impedir que prosigan, misión que por cierto no puede estar en manos de los propios sospechados”.
En esa línea los jueces y juezas indicaron que “la creación de Comisiones ad hoc, integradas por personalidades políticas, sociales, judiciales y de medios, con fuerte compromiso humano y social, permitirá en breve lapso, mediante un trabajo de recopilación e investigación de datos judiciales y mediáticos, trazar un perfil completo del accionar desplegado por estos grupos ilegales”.
“Los estados se enfrentan hoy al desafío de recuperar su protagonismo político y erigirse a través de sus gobiernos en los redactores naturales de la agenda política, o bien sucumbir en los brazos inescrupulosos de quienes dominan a través de la desinformación y la confusión deliberadas”, señaló en el documento la COPAJU.
Por último, los magistrados alineados con el pensamiento del Papa Francisco, remarcaron que “el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, hace un llamado urgente a toda la región para que las palabras del Santo Padre encuentren en forma rápida un cauce institucional adecuado a fin de impedir la reiteración y proliferación de estos hechos”.
En este marco vale recordar que al respecto del lawfare, su Santidad, expresó: “Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.
De la firma del documento participaron: El Presidente la COPAJU, Dr. Roberto Andrés Gallardo, por Argentina; Dra. Ana Inés Algorta Latorre, Vice-Presidente, por la República del Brasil; Dra. Janet Tello Gilardi, de Perú; Dra. María Julia Figueredo Vivas, de la República de Colombia; el
Dr. Gustavo Daniel Moreno de Argentina y el Dr. Daniel Urrutia Laubreaux de Chile.
5/4/2021
