*Por Walter Castro
Cuando vemos que el estado durante generaciones va vulnerando el contrato social con su pueblo, cuando esa misma nación durante periodos está a nada de convertirse en un estado fallido, si en el solo acto de un cambio de signo político en los elegidos para gobernar se conculcan leyes, derechos básicos, así como pautas convencionales adquirida. ¿Eso, no es violencia institucional?
¿Si es violencia institucional, como se defiende un pueblo ante un aparato paraestatal? Si este andamiaje está apalancado en una justicia obscena, medios adquiridos por carroñeros que compran sicarios para que digan por ellos y una clase política obesa, que camina sobre las espaldas de un pueblo cada vez más endeble, anémico. Todos ellos dirigidos por una elite financiera que pareciera haber arrebatado el poder real, para entregarlo al poder absoluto que son sus mandantes y operan muy lejos de acá.
¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo el pueblo puede ejercer su legítima defensa? ¿Cuándo nuestras acciones son en defensa propia?
La oligarquía nacional ha debido modificar su lenguaje para que no queden dudas de las acciones, si el Estado asiste a una persona en situación precaria eso será populismo, pero si ese mismo Estado asiste a una multinacional que opera sobre algunos de nuestros recursos y tiene domicilio en algún paraíso fiscal desde donde blanquea y evade, eso será un salvataje.
Los trabajadores, que en los ‘90 estaban a punto de jubilarse, se encontraron con brutales despidos en masas disfrazados de retiros voluntarios y luego jubilados por una ínfima parte de lo que les correspondía por lo aportado, todo mediante decretos que vulneraban cajas y aportes jubilatorios, esos trabajadores sin posibilidad de reinserción en el campo laboral empezaron a mandar a sus hijos a la escuela, ya no a aprender, sino para que les den comer, esos hijos tuvieron más hijos que son los que hoy, desde un semáforo, tratan con la caridad de quienes los desprecian, eso los más afortunados, los que no, son estadísticas delictivas.
Esto es violencia institucional y ante esto todos proponen como alternativa y a coro bajar la edad de imputabilidad y seguir pagando ajustes tras ajustes, postergar generaciones o relegarlas a su suerte, después todavía les preguntamos por qué tienen adicciones.
No es cuestión de pedirle asistencialismo al Estado solo le pedimos que defienda lo poco que nos queda por defender y no modifiquen para mal, lo que tenemos. Pedimos la misma vehemencia con la que tratan a un vendedor ambulante o a una persona en situación de calle, para con los que verdaderamente nos saquean diariamente.
El Estado manda a los trabajadores a pelear contra los verdaderos dueños de los puertos, los que hicieron los trazados internacionales marítimos, los verdaderos dueños de los muelles, los que armaron la matrizextractiva, los que trazaron los mapas y las cartas náuticas, los que diseñaron el mundo comercial tal cual lo vemos hoy. Con esos gigantes debe lidiar el movimiento obrero, no puede fallar, no tiene muchas armas, no tiene los estudios legales más importantes del mundo ni el asesoramiento de la Lloyds, tiene y no es poco la voluntad del conjunto organizado y la solidaridad de clase, nos faltaría que el Estado, en vez de estar mirando a quien le levanta el brazo, venga al barro se sienta dueño de lo que administra y así seguramente la pelea será más pareja y hasta estarán menos tiempo en campaña. No hará falta, serán los que forjaron el reaseguro de nuestra matriz laboral y recuperaron la memoria colectiva, nadie olvida eso.
En nuestro sector mucho tenemos para sugerirle al Estado: en el 2019 las capturas en aguas ocupadas ilegalmente por Inglaterra fue de 196.238 toneladas, record en la descarga de merluza Hubbsi y el segundo mayor tonelaje histórico de calamar patagónico, 82.900 (t) el mayor volumen en más de dos décadas, 56.600 (t) al 3 de abril, 26.000 (t) en la segunda y como siempre el plus del bycatch que dejo 1.574 (t).
Como de costumbre fueron protagonistas 15 arrastreros que posibilitaron que el 100 % de las capturas termine en bodegas mixtas hispanos-inglesas. El presupuesto kelpers también fue bueno, la venta de licencias, solo para el calamar Argentino, generó 23.5 millones de libras, algo cercano a los 35 millones de dólares, el mayor ingreso de la década y como siemprecon la flota asiática como principal contribuyente con 105 Jiggers los que se llevaron 44.000 toneladas por 12.5 millones de libras algo cercano a los 18 millones de dólares dejados en ventanilla, por pescar en nuestras aguas.
El record que tenía Malvinas en capturas era del año 1.988 cuando alcanzó las 51.000 toneladas, superadas en el 2.019 con las 53.000 toneladas declaradas.
Según lo declarado a Alimarket, en su artículo “El poder Gallego”, 15 de las veinte principales pesqueras gallegas tienen sus operaciones en Argentina:
1) N. Pescanova millones euros 1.080 – 170.000 (t)
2) Iberconsa 370 – 129.000 (t)
3) Profand 296 – 65.000 (t)
4) Pescapuerta 250 – 82.200 (t)
5) Fandicosta 234 – 54.744 (t)
6) Mascato 233 – 54.500 (t)
7) Pereira 163 – 58.000 (t)
8) Cabomar 94 – 23.000 (t)
9) Lanzal 92 – 19.500 (t)
10) G. Vieira. 55 – 14.500 (t)
Acá le pedimos vehemencia al Estado, en este puñado de empresas radican parte de los mayores tenedores de cuotas de nuestra pesquería, este grupo se lleva el recurso como materia prima a arancel 0 para procesarlo en Europa, los tan famosos comoditys, si nosotros ese mismo recurso lo elaboramos para darle trabajo a nuestra gente, para ingresar al mercado pagaremos el 14 y hasta el 25 % de arancel en algunos productos, en este grupo está la empresa protagonista de la mayor quiebra fraudulenta de la historia con simulación de operaciones en Argentina, este grupo construye y recambia su flota en gradas españolas al igual que el INIDEP, mientras TANDANOR (estado) está ocupado en una persecución contra sus cuadros sindicales.
En este grupo se estaría violando la ley 26.386 que no permite tener operaciones en Malvinas si se opera en nuestro país y viceversa. Con este grupo hay que discutir la nueva cuotificación en el tono que se de esta discusión y de cómo quede el reparto posterior, sabremos cuanta fue la vehemencia empleada por el Estado en la defensa de nuestros intereses.
Cada gobierno en su mandato tuvo un perfil para con Malvinas, de mayor o menor dureza y en consecuencia respondió Inglaterra variando la tranquilidad con la venta de licencias anuales para operar en nuestras aguas.
En el periodo 1989 al 1999 se vendieron licencias por 259.000 (t), del 2000 al 2003 99.550 (t) del 2004 al 2007 51900 (t), del 2007 al 2015 119.200 (t) y desde el 2015 al 2019 103.000 (t) solo con repasar quien gobernó en cada periodo salen dos conclusiones que refuerzan nuestro razonamiento del rol estatal. En el año 2009 NO se vendieron licencias de calamar, ya que en el 2008 entro en vigencia la ley 26386 y en el 2009 el régimen de cuotificación, el segundo dato no novedoso es que si sumamos las ventas nos arrojan más de 630.000 (t) de las cuales 461.000 (t) fueron en gobiernos de derecha y las 171.000 restantes en gobiernos del campo popular.
*Secretario General de la Actividad Naval Mar del Plata.
19/11/2020
