Opinión

Verdugos

Por Gustavo Ramírez

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que operó en contra en un mandato nacional sobre la preservación de la vida de la población en un contexto de crisis sanitaria, dejó en evidencia el curso del golpe institucional que comenzó con el desacato del alcalde Horacio Rodríguez Larreta.

En el marco de la disputa política la corporación judicial asume un rol ejecutivo que, de manera unilateral pretende erigirse como poder absolutista, por encima del mandato popular. No es la primera vez que estos jueces son orgánicos con el poder oligárquico, de hecho son fieles exponentes de la centralidad reaccionaria que pretende subvertir el orden constitucional por medio de fallos que le dan vuelta la cara a las necesidades del pueblo.

Mientras la segunda ola de la pandemia hace estragos en el sistema sanitario de nuestros país, los representantes de la justicia hegemónica ponen en jaque a la democracia con sentencias que tienen caracterizaciones políticas e ideológicas. Este fallo horada, de ahora en más, cualquier medida sanitaria que tome el Ejecutivo  Nacional y deja a merced de los gobiernos despóticos, como el de Larreta, el destino sanitario de la población.

La decisión de la Corte Suprema y la posición del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ignoran el fallecimiento de 65.000 compatriotas en función de apropiarse de falsos mandatos, representados por un segmento menor de la sociedad. La sangre de miles de argentinos tiñe los despachos a distancias de los funcionarios judiciales y el escritorio amarillo del Jefe de Gobierno.

Si no se transforma el paradigma de la democracia liberal en democracia social, si no se impulsa una revolución cultural que contenga sobre sí mismo una revolución ética, seguiremos sometidos a los designios de la gobernanza reaccionaria.

Esto no se alcanza con voluntarismo ideológico, mucho menos con políticas asépticas. Los agentes de la oligarquía  han demostrado no desear el consenso si no es bajo su propio mandato absolutista. En esta trampa cayó  con un infantilismo irritante el gobierno nacional, que tomó la decisión política de no confrontar y de llamar adversario político al enemigo del pueblo.

Ciento de miles de familias porteñas que acataron el DNU, que confrontaron con las conducciones de las instituciones escolares, también voceras del establishment pro oligarca, quedaron a la deriva ante la falta de concreción de políticas efectivas por parte del Gobierno de Alberto Fernández para defender y garantizar sus derechos. Resulta llamativo que a esta altura desde Nación no se comprenda que las relaciones de fuerza favorecen su posición.

Por otro lado, la pasividad del Gobierno Nacional, en esta materia, dejó huérfanos a los gremios docentes que decidieron ir a la lucha al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras comenzaron a caer a causa del COVID-19. Con actitud criminal el gobierno opositor en la ciudad de Buenos Aires, simplemente ignoró el fallecimiento de docentes y alumnos y alumnas contagiados por concurrir a las escuelas. Redujo la situación a una mera especulación cuantitativa, como si para tomar mediadas concretas hubiera que esperar a que mueran miles de docentes y miles de estudiantes.

La Corte Suprema falló en ese sentido. Prevaleció la ideología de la necropolítica antes que el bien común y eso se puede observar en los argumentos que sostienen la decisión judicial. Por otro lado, lo sentenciado por la corte, convierte al victimario en víctima y da lugar para que la sedición no sea condenada.

Está claro que la educación es un bien social pero jamás puede ser puesta por encima de la vida. Para el gobierno reaccionario de la Ciudad nunca fue una prioridad, de hecho este ataque judicial fue fogueado por entidades oscurantistas que responden al capital económico concentrado vinculados estrechamente con los aportes de campaña para Cambiemos así como relacionados con la educación privada.

En este contexto y luego de la expresiones públicas de la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien señaló: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”. Alberto Fernández sacó  a la palestra a su ministro más cuestionado por el arco interno del campo popular.

Es decir, al fallo de la Corte, se le respondió con Nicolás Trotta quien en los últimos meses fue el mentor de la campaña política a favor de las ideas larretistas. Estas no son contradicciones de Fernández, son decisiones políticas y las mismas no están enfocadas a gestar una marco de profunda transformación social sino a preservar el status quo de las condiciones liberales de dominación, de lo contrario cuesta comprender la sumisión del Gobierno Nacional a una minoría reaccionaria.

Nuevamente parece ser que los pobres, la clase trabajadora empobrecida, es conducida al patíbulo por los verdugos judiciales que a su vez son autores políticos del golpe institucional que inició el arco opositor cambiemita con la declaración sediciosa de Larreta. Ahora las respuestas las tiene el Gobierno Nacional. ¿Las tiene? En este juego siniestro la vida es deshumanizada, los muertos son reducidos a mera estadística.

 

 

 

4/5/2021

 

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