Por Gustavo Ramírez
“Esta ciudad es la propriedad Del Señor Matanza”
Mano Negra
Hace unos años un fotoperiodista de La Nación me contó que en Sinaloa una cámara fotográfica es más peligrosa que una AK-47. En esa ocasión había ido a registrar la violencia creciente en la región relacionada con el tráfico de drogas. Estaba en un bar cuando dos hombres se le acercaron y le pidieron que dejara su cámara en el hotel hasta el final de su estadía.
No existieron ni malos ni buenos modales. Solo una oración lo suficientemente clara como para entender el mensaje. Más tarde, un colega local le advertiría que los hombres que lo increparon eran policías que trabajaban para el “cártel”. Ellos sabían que él llegó de Buenos Aires para retratar el estado de situación. Algo que por el momento no le estaba permitido. Las autoridades políticas le advirtieron que no podían garantizar su seguridad. Que lo mejor era moverse en un radio de seis cuadras a la redonda, sin hacer preguntas, sin sacer una sola fotografía del lugar. Finalmente, no hubo nota, no hubo preguntas, sino una salida acelerada del país.
El narco es un tema difícil para quienes se aventuran en ese universo. Todo el que se introduce ahí, no siempre sale. Impera cierta “cobardía razonable” entre determinado grupo de periodistas y pensadores mexicanos, como precisó con palabras efectivas un colega que hace años vive allí. No obstante, tampoco es un tema tabú. Sobre todo, porque como nos aseguró una fuente periodística, el tráfico de drogas y el neoliberalismo van de la mano y bien agarrados.
Miguel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, fue el precursor de lo que hoy se conoce comúnmente como la cartelización del tráfico de drogas en México. Entendió el negocio de inmediato. Para muchos, incluidos políticos “aliados” era un simple campesino con suerte. Sin embargo, conocía el negocio mejor que muchos, en su momento. Además tenía una ventaja, estuvo de los dos lados del mostrador, ya que antes de crecer en el ambiente había sido policía.
Su historia es harto conocida. Mucho se ha escrito sobre él y sobre el cártel de Guadalajara. El dato que suele pasarse por alto es que durante el período en el que fue arrestado, 8 de abril de 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba urgido de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA, por sus siglas en inglés, con Estados Unidos. La historia no oficial presume que la caída de Gallardo estuvo vinculada estrechamente a esta negociación. Para que el acuerdo funcione y sea visto con buenos ojos a nivel mundial, el “narco” tenían que caer.
¿Salinas de Gortari, traicionó los “arreglos” que tenía con Félix, incluso para favorecer al cártel del Golfo? El interrogante aún permanece en el aire. Lo cierto es que durante ese período México experimentó un avance significativo del neoliberalismo y del narcotráfico al mismo tiempo. Por lo que se puede inferir que uno sin el otro, en ese contexto, no era posible.
La estructura del tráfico de drogas necesita de la connivencia política y viceversa. La evidencia tangible es que la Guerra Contra las Drogas decretada por Richard Nixon en los ’70 se inscribió en el plano de combate contra el comunismo en la región. Por lo tanto, todo problema narco es político.
En su libro: Los Cárteles no Existen, el periodista y escritor Oswaldo Zavala cita un trabajo del cronista canadiense Dawn Paley quien afirma: “La “guerra contra las drogas es una solución a largo plazo de los problemas del capitalismo, combinando el terror con la política pública en una experimentada mezcla neoliberal, forzando la apertura de mundos sociales y territorios antes cerrado al capitalismo global”.
En México, solamente durante el sexenio 2006-2012, bajo la administración de Felipe Calderón y su guerra contra el narco, fueron asesinadas más de 121 mil personas. El promedio de edad de las víctimas era entre 25 y 29 años. La gran mayoría eran pobres. Los victimarios también lo son. Una característica que se replica de manera idéntica en distintas regiones de América Latina donde se replica y reproduce el tráfico de drogas.
Es relevante el dato que expone Zavala en su libro para establecer una línea de contacto entre el sistema político y el comercio de drogas ilegales. La política exterior de expansión neoliberal en la región implementada por Estados Unidos se interpuso a través de lo que se conoció como Plan Cóndor. En plan de represión social tenía como objetivo el desmantelamiento de las estructuras productivas industriales y la destrucción de las soberanías regionales, bajo el argumento de combatir al comunismo. En México, sostiene el periodista, el Plan Cóndor estuvo enfocado hacia el tráfico de drogas y no en el combate a la izquierda marxista.
Recordemos el inicio de la nota. Quienes “aprietan” al compañero fotoperiodista no fueron matones del cártel. Fueron policías al servicio del sistema político que sostiene la estructura narco en los territorios. En el caso de México se estableció un sistema donde el campo político ejecuta un poder asimétrico con el crimen organizado y lo somete a su andamiaje de poder.
El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, alerta que en México “de acuerdo a Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 2012 llegaron a 50.000 los militares que cumplían tareas de seguridad pública”.
“Esto significa que los militares han asumido de facto la seguridad pública del país y, como resultado, se han incrementado significativamente las quejas contra las fuerzas armadas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: más de 5.000 quejas por torturas y maltratos, más de 22.000 víctimas de desaparición forzada y más de 280.000 personas desplazadas por la violencia”, añade el documento.
Está claro que la Guerra Contra las Drogas encubre, a partir de la violencia institucional, un plan mucho más elaborado de control y violencia social, al mismo tiempo que proscribe toda política de asistencia estatal en los territorios ocupados por las bandas delictivas. De esta manera se establece una lazo de articulación que retroalimenta al sistema alrededor de un negocio que el neoliberalismo apetece y quiere hace propio.
Ecuador: Guerra y Capital
“De repente, policías y militares son los que nos cuidan de manera amorosa. Ahora tienes un fuerte discurso pro Fuerzas Armadas. A tal punto que existe una propaganda que dice: “Si ves a un policía, a un militar en tu barrio ayúdale porque es alguien dispuesto a defendernos. A tal grado ha llegado esta referencia de colocar la idea del policía y el militar buenos, siempre pacíficos”, así lo narra el clima social que vive Ecuador una militante territorial que prefiere mantener su nombre en discreto anonimato.
¿De dónde surge la violencia social en el país hermano? En primera instancia se puede afirmar que de la violencia económica. La dolarización de la economía produjo un shock estructural que cambio las condiciones de vida de los sectores populares. Si bien existió un período de bienestar para los sectores populares entre 2007 y 2017, este no alcanzó para revertir el proceso del modelo empresarial neoliberal iniciado a finales del siglo pasado. El 70 % de la población activa en Ecuador es pobre. Vive desocupada o está subocupada. No recibe ayuda estatal y mucho menos de privados.
Esta situación genera las condiciones objetivas para que surjan con fuerzas bandas delictivas que abrevan en la marginalidad social para encontrar mano de obra dispuesta a integrarse a la red político criminal. La crisis de COVID-19 hizo lo suyo en relación al desplazamiento del negocio del tráfico de cocaína de Colombia a Ecuador. Del mismo modo, se produjo una apertura de relaciones entre bandas locales y organizaciones narcos mexicanas, albanesas, brasileras e italianas.
Consultado por un medio alemán, el sociólogo Fernando Carrión, asegura que las organizaciones criminales “socavan las instituciones estatales mediante la corrupción y la intimidación. Pero lo más importante es el impacto económico. El monto del lavado de dinero en Ecuador ronda los 3.500 millones de dólares, casi el 3,5 por ciento del producto interno bruto”.
A continuación revela: “Es probable que la economía ecuatoriana no colapsara por completo después de la pandemia debido a este dinero de la droga. Es necesario invertir 3.500 millones de dólares en el mercado legal, desde el turismo de lujo, como viajes a Galápagos, hasta los concesionarios de automóviles. Las grandes empresas obtienen préstamos baratos y, por tanto, pasan a formar parte de las estructuras criminales. La economía legal ha sido infiltrada”.
Según estimaciones oficiales, distintos grupos criminales “emplean” a más 50 mil personas. La mayoría son jóvenes que tiene edades que van de los 15 a los 24 años, que no han terminado la escuela y no tienen trabajo. Como bien afirma, el periodista mexicano Oswaldo Zavala: “Existe el mercado de las drogas ilegales y existen quienes están dispuestos a trabajar en él”.
Durante la última semana, el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa se reunió a lo largo de tres horas con el asesor presidencial especial de Estados Unidso para las Américas, Christopher Dodd, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg.
Los representantes de la administración Biden confirmaron que “el FBI aumentará su despliegue en Ecuador” con el objetivo de apoyar a la Policía y a la Fiscalía General del Estado. De inmediato la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, explicó que para su país “es una prioridad la ampliación al acceso a mercados, así como la atracción de inversiones y de financiamiento”.
La Jefa del Comando Sur evidenció en varias oportunidades la vocación de Estados Unidos por preservar los recursos naturales para el imperio. Por lo que Ecuador se expone a una intervención directa de ese país en su territorio bajo la vieja excusa de la “guerra contra el narcotráfico”. Claro está, que dada su condición económica, es ya una Nación sin soberanía política por lo que cualquier decisión ejecutiva carece de rasgos independientes.
Hoy Ecuador atraviesa un estadio de violencia extrema, la tasa de homicidios es de 46 cada 100 mil habitantes. Según la Policía Nacional durante 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, mientras que durante el 2022 fueron 4.462 los asesinatos. Es una zona de guerra. Término fetiche de la política estadounidense para la región.
“Los que matan, pam pam, son propriedad Del Señor Matanza”
A la “mano invisible del Mercado” no le interesa más que la vida de los tiranos que la habitan. La libertad económica tiene una traducción simple: Mayor empobrecimiento del conjunto social. La violencia económica tiene su correlato brutal en la violencia social. Allí, el neoliberalismo parece regurgitarse a sí mismo.
Muchos mitos deben desentrañarse todavía para comprender la matriz de negocios que envuelven al tráfico de drogas. La cultura narco no está desligada del proyecto civilizatorio del neoliberalismo. Quienes padecen las consecuencias de un sistema, que se aferra a la dinámica de producción y distribución de drogas, que rinde culto al dinero y a la muerte son lo pobres. En sociedad con el narcotráfico el neoliberalismo tiene carta libre para asesinar a la democracia.
La ruptura de la matriz de producción industrial, la instalación del precariato laboral, la descomposición de los objetivos estatales y la expansión de la pobreza son instancias necesarias para que el narco se instale en determinados territorios. Pero no son las únicas. Los “empresarios” de la droga no necesariamente son vistos, por la “opinión pública”, como narcotraficantes. Ellos ponen sus bancos, sus relaciones políticas y su propaganda mediática al servicio del negocio.
En este esquema tampoco hay que subestimar la estructura de la guerra. La industria militar se mueve detrás de las palabras y viste a las acciones con el ropaje de los eufemismos. No se trata de semblanzas ideológicas reducidas a meros marcos ideológicos. “La Guerra contra el Narcotráfico”, la “Guerra contra el Terrorismo” son nociones sociales de las cuales se vale el modelo neoliberal para instalar la figura de un enemigo interno y externo, por momentos, que justifiquen la puesta en marcha de un andamiaje direccionado a proteger el negocio y a disciplinar a la sociedad.
¿Sirven los ejemplos de México y Ecuador para evitar qué en Argentina el conjunto social comunitario termine de romperse producto de políticas que conducen a ese aterrador abismo? ¿Dónde encontrar la respuesta si el sistema lo ha intoxicado todo? Pero al mismo tiempo cabe preguntarse ¿qué ocurre con el tráfico de drogas en Argentina y que puede suceder con Milei como Jefe de Estado ante estas situaciones?
Por lo pronto, el neoliberalismo y el narcotráfico operen bajo las mismas condiciones. Así y todo no se trata solo de negocios. La subordinación social a la estructura política del neoliberalismo impone condiciones de vida y muerte. Todo tiene un precio, incluso la pobreza. Lo que hay que evitar es que el Señor Matanza se adueñe de nosotros, pero nadie esta seguro de que eso sea posible.
301/2024
