Por Redacción
La CTA Autónoma expresó su más enérgico rechazo ante el proceso de desarticulación de las políticas de memoria, reparación y derechos humanos impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según la central sindical, este accionar constituye una grave amenaza para las conquistas históricas en materia de Memoria, Verdad y Justicia y una clara violación a los derechos humanos.
En diciembre pasado, la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, de la que forma parte la CTA-A, presentó el informe titulado “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los derechos humanos y la democracia”. Allí se advirtió sobre los riesgos que enfrentan las políticas de derechos humanos ante las medidas implementadas por el gobierno de Milei.
El documento profundizó en una serie de acciones que reflejan esta ofensiva, como discursos de odio, ataques a referentes del campo de los derechos humanos y la reivindicación de la dictadura cívico-militar. El informe también menciona visitas de legisladores nacionales a represores, el uso de hábeas corpus para obtener beneficios y provocaciones en sitios históricos como la ex ESMA.
“Se están desmantelando los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, los programas de memoria colectiva y los sitios de memoria”, declaró un portavoz de la CTA-A. Las políticas que sostenían el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) y la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), fueron suspendidas, y diversas áreas clave de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sufrieron recortes y despidos.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Central fue la situación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), creado en 2003 por decreto. Este archivo, que guarda los testimonios, documentos y archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), constituye un patrimonio invaluable para preservar la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En este marco, la CTA-A alertó sobre los riesgos que corre este material, esencial para los juicios por crímenes de lesa humanidad, dado que actualmente el ANM no cuenta con autoridades designadas y enfrenta una grave precarización de sus recursos. Por otro lado, hasta el momento 36 trabajadores fueron despedidos del ANM, 16 se encuentran sin contrato y otros sufren una drástica reducción salarial.
Esta situación pone en peligro el funcionamiento de áreas clave como la Sala de Consultas, Conservación de documentos, Investigaciones Históricas y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). En total, de los 103 trabajadores del ANM, la mayoría ha padecido despidos o reducción de contratos, lo que pone en riesgo no solo el acceso a la documentación, sino también la protección de pruebas cruciales para los juicios por delitos de lesa humanidad.
La CTA-A concluyó su comunicado con una firme declaración: “No podrán con la fuerza de la memoria colectiva. No podrán cuando nuestros 30.000 y la Memoria, Verdad y Justicia nos guían”. La central expresó su compromiso de continuar con la lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos y por la reversión de todas las medidas que amenazan las políticas de memoria, reparación y derechos humanos en el país.
10/1/2025
