Por Redacción
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen a tres proyectos que modifican la actual y vigente ley de alquileres: el primero de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Identidad Bonaerense y de Juntos por el Cambio.
El proyecto presentado por Diputados y Diputadas del Frente de Todos promueve una garantía pública creada por el Estado Nacional para monotributitas. Del mismo modo, asegura que el propietario provea un CBU para el cobro del alquiler. Se mantiene, por otro lado, el índice anual promedio entre el IPC y los salarios. La actualización deberá realizarse por debajo de dicho índice. Asimismo exige que tanto la inmobiliaria como el locatario registren el contrato de alquiler en la AFIP.
El proyecto establece la prohibición de cobrar los alquileres en moneda extranjera. Por otro lado, será Defensa al Consumidor el organismo encargado de llevar adelante las mediaciones entre los propietarios, las inmobiliarias e los inquilinos. La cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat estará encargada de hacer cumplir la ley de alquileres. En otro orden, el proyecto asegura que el depósito de alquiler será de un mes y podrá ser abanado en seis cuotas. Mantiene el plazo de extensión del contrato por tres años y promociona que los propietarios con menos de tres viviendas en alquiler estén exentos de impuestos.
En términos básicos el proyecto presentado por el bloque de legisladores de Junto por el Cambio sostiene que el plazo de alquiler regresa a dos años. En tanto, los ajustes del valor del alquiler serán semestrales por los valores impuestos por el mercado. No exige, por otro lado, el registro del contrato por parte de los propietarios.
El tercer proyecto, presentado por la Diputada Graciela Camaño, estipula que el propietario podrá exigir el pago de seis meses o un año por adelantado. Al igual que le proyecto cambiemita, el plazo de alquiler retrocede a dos años y el ajuste del valor del alquiler se actualizará cada seis meses, actualizado por la inflación lo que elimina la variable del salario. En otro orden, los alquileres acordados por debajo del valor del salario mínimo no serán registrados. Los propietarios con tres viviendas en alquiler no pagarán impuestos.
En ese contexto, la legisladora por el Frente de Todos, Gisela Marziotta, aseguró que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución, por lo cual tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado para su cumplimiento y no dejarlo librado a la mano invisible del mercado como viene haciéndose 1976”.
“La ley actual es muy buena, pero no se cumple. El problema es el abuso del mercado inmobiliario respecto de una necesidad tan básica como la vivienda”, precisó la Diputada.
Por su parte, Daniel Arroyo, sostuvo que es necesario continuar con el plazo de tres años para la actualización del contrato del alquiler y consideró que “es un plazo que ayuda a los inquilinos, sobre todo en el proceso de renovación”. El diputado defendió “la necesidad de tener un índice de actualización con parámetros objetivos como tenemos hoy y la necesidad de incorporar incentivos para que haya más viviendas y departamentos en alquiler”.
El legislador enfatizó en que hay que “que mantener un equilibro entre Estado y mercado. Es una ley que tiene poco tiempo de duración, se ha dado en medio de una pandemia y claramente en un contexto inflacionario”.
12/5/2022
