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El gobierno retrocedió con la intervención y expropiación de Vicentin

Por Redacción

El Gobierno Nacional, a través del DNU 522/2020, decidió la derogación del Decreto que promovió la intervención y expropiación de la empresa Vicentin. La noticia no cayó bien en lo gremios del sector aunque las fuentes consultadas por este medio dan cuenta de que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas.

Por su parte, el Presidente Alberto Fernández, explicó en sus redes sociales que “el juez  que interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”. 

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, aseguró el Presidente. 

El primer mandatario afirmó que “nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”. 

Fernández puntualizó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”. 

Asimismo el Presidente expresó que “en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”. 

Por último Fernández aclaró que “he dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”. 

 

 

 

 

31/07/2020

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