Tras la reunión con los integrantes de la Federación Argentina de Municipios, la Confederación General del Trabajo elaboró un documento conjunto donde se le exige al gobierno neoliberal de Mauricio Macri un profundo cambio de rumbo en el modelo económico y demandaron que se declare la Emergencia Económica y Social. El documento se dio a conocer bajo el título de “La Unidad Nacional y la Paz Social”.
Dada sus trascendencia política y su importancia social, en un contexto de crisis profunda para la clase trabajadora y los sectores populares, transcribimos el documento que lleva la firma de la Confederación General del Trabajo y de la Federación Argentina de Municipios:
“Frente a la gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno Nacional, tales como la brutal devaluación de la moneda, de los salarios y de los ingresos de los sectores populares; los altísimos niveles de inflación que ya producen desabastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la adecuada prestación de servicios esenciales y para el mantenimiento de la actividad productiva e industrial, los Intendentes y la Confederación General del Trabajo proponemos que se declare la Emergencia Económica y Social y se pongan en marcha acciones inmediatas que contribuyan a LA UNIDAD NACIONAL Y LA PAZ SOCIAL
1- Emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria: que se implementen con urgencia políticas que aseguren a la población el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos, suficientemente abastecidos de los insumos necesarios. Que se ponga en marcha en lo inmediato una amplia Red Nacional de Solidaridad en la que participen el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios ylos distintos actores de la comunidad: Iglesias, Organizaciones Políticas, Organizaciones Sociales, Organizaciones Sindicales y las Organizaciones Barriales de la Comunidad, entre otros.
Que se anule el veto presidencial y se ponga en vigencia a la brevedad la Ley 27.743, retrotrayendo las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, estableciéndose que en el futuro cualquier actualización se realice según el índice salarial, terminando definitivamente con la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles;
Que se revierta de inmediato la decisión de degradar los ministerios de Salud y de Trabajo, en una coyuntura en la que ambos son más necesarios que nunca, tanto para atender situaciones de creciente vulnerabilidad sanitaria derivadas de la propia crisis, como para reestablecer un equilibrio necesario en las relaciones laborales y generar políticas genuinas de creación de empleo.
2- Emergencia Económica, Productiva y Laboral: que se implementen con urgencia medidas de recuperación de las pequeñas y medianas empresas productivas nacionales; de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos populares, para la inmediata recomposición del mercado interno; que se termine con la importación indiscriminada; que las exportaciones industriales con valor agregado y generadoras de empleo tengan menores gravámenes que aquellas exportaciones de origen primario; que se establezcan medidas urgentes que garanticen la salvaguarda del empleo;
3- Emergencia Educativa: que no condenemos el futuro educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, implementando con urgencia medidas y acciones efectivas que permitan el inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación;
4- Restitución inmediata del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero que asiste a las provincias y a los municipios del país y les permite paliar urgencias de la población.
5-Emergencia en Seguridad: que se implementen políticas de seguridad y prevención del delito, protegiendo a las personas y sus bienes, acompañando a las mismas de una fuerte inversión en acciones inclusivas para la población en general y para los jóvenes en particular;
6- Plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución Nacional: garantizar una verdadera división de los poderes del Estado, respetando las garantías constitucionales del debido proceso y la independencia de los jueces, y cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Ante la gravedad de la situación descripta los Intendentes, en representación de nuestras comunidades, y la Confederación General del Trabajo, en representación de los trabajadores y trabajadoras argentinos, convocamos a poner en marcha ACCIONES INMEDIATAS PARA LA UNIDAD NACIONAL Y LA PAZ SOCIAL”.
